El último escándalo con la gestión de fondos públicos salpica de lleno a UGT-A, tal y como está publicando El Mundo desde hace un par de semanas. El medio comandado por Pedro J. ha publicado diversas facturas imputadas a partidas presupuestarias de la Junta de Andalucía destinadas a formación de trabajadores que no se han usado en estos menesteres y sí para otros gastos de la organización sindical. El importe global, sin estimar pero cada día salen a la luz varias decenas de miles de euros que agravan el problema.
Desde UGT-A han usado parcialmente estos fondos para pagar los costes de impresión de su revista, gastos generales para preparar su Congreso, la presencia en la huelga general del 2010 o incluso comidas en la Feria de Sevilla que poco tienen que ver con estas políticas activas. La respuesta del sindicato: tirar balones fuera y desde la Junta de Andalucía, callan por ahora. Está claro, que en este país quién no corre, vuela y el dinero público sigue siendo un plato muy goloso para todos.
El modus operandi de estos trapicheos con dinero público
El mecanismo usual para llevar a cabo estos engaños requiere la colaboración completa de las empresas que prestan los servicios, dado que se produce un falseamiento de los conceptos facturados. Prueba de ello es el testimonio de este empresario al que le hicieron cambiar el concepto de la factura. ¿Por qué? Porque las auditorias de fondos públicos se basan en las descripciones conceptuales, una memoria justificativa que se puede falsear sin problemas y poco más. Sería interesante ver ya un tirón de orejas judicial a estas empresas que no dejan de colaborar activamente con estos fraudes.
Hablando de empresas, llama poderosamente la atención también la falta de infraestructuras a priori de algunos empresarios para llevar a cabo determinadas tareas tal y como denuncia Ausbanc. Por ejemplo, preparar el envío de 180.000 revistas a un coste de 5 céntimos por unidad, tal y como ocurre con la empresa del presidente de Facua, es cuanto menos llamativo, máxime aún si no ha contado con empleados o subcontratación de esta tarea. La respuesta de la empresa por ahora: no sabe/no contesta y los servicios se han prestado realmente.
Las dietas, sospechosos pagos no sujetos a IRPF
Para la AEAT, cualquier empresa que pague dietas es sospechosa de dichos pagos, para evitar la tributación por IRPF y la cotización a la Seguridad Social. Esta tesis la mantiene siempre la AEAT y es la empresa la encargada de demostrar que son pagos reales de dietas.
En UGT-A se ha optado por un sistema de liquidación de dietas realmente curioso, dado que todos los pagos están redondeados a 400/500 euros/mes por miembro de la ejecutiva, se liquidan 22 días laborables de dietas de manera indiscriminada y el número de kilómetros es cuanto menos llamativo. ¿Por qué se hace esto? Porque así se evitan pagar impuestos por estas dietas y a efectos de informes fiscalizados, los salarios recibidos por los receptores son menores.
Aquí, sería muy lógico que la Fiscalía que ya ha solicitado una investigación a fondo de toda esta información, traslade a la AEAT y a la Agencia Tributaria la demostración fehaciente de estas dietas y que no corresponden con pagos salariales encubiertos, obviando las cotizaciones a la Seguridad Social e IRPF, tal y como hacen mal muchas empresas y que el propio sindicato critica y persigue acertadamente cuando localiza estas irregularidades.
El peligroso clientelismo sindical
Si un sindicato tiene trapicheos oscuros con empresas y con la gestión de fondos públicos difícilmente puede defender adecuadamente a sus representados y por extensión a todos los trabajadores que entran en las negociaciones de convenios colectivos. En el caso de UGT-A, la sombra de la duda es realmente alargada y pone de manifiesto como es preferible sindicatos más autónomos y mejor autofinanciados como puede ser por ejemplo la CNT que este tipo de estructuras cuya sombra de corrupción es alargada.
En los sindicatos mayoritarios están apareciendo indicios realmente graves de la hipotética existencia de delitos, sindicatos que en simultáneo son los que más fondos públicos gestionan para actividades directas con los trabajadores, con la formación y con la reinserción laboral.
Este tipo de gestiones que salen a la luz, son las que ponen de manifiesto unos problemas que habría que atajar de raíz y que probablemente, queden en meros titulares y no se depuren adecuadamente las responsabilidades civiles y penales si las hay. Mientras tanto, seguimos destinando fondos a formación de trabajadores que no se usan para tal.
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