El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó el Plan para el afloramiento de la Economía Sumergida, un mero plan que se resume en mayores sanciones para las empresas que tengan trabajadores sin alta en la Seguridad y mayores sanciones para los trabajadores que se encuentren trabajando sin alta en la Seguridad Social y reciban cualquier prestación pública incompatible con el trabajo, como puede ser el desempleo o pensiones por ejemplo.
Este plan, como todos los que se han puesto en marcha para atacar la economía sumergida es otro parche que trae la política del miedo y la sanción para empresas y trabajadores pero no aporta soluciones reales para aflorar la economía sumergida en el ámbito laboral. Cuando se anunció este plan, señalé tres medidas que debería contemplar el Gobierno para aflorar esta economía sumergida; finalmente no se ha contemplado ninguna que podría ser mucho más efectiva, salvo el brindis al sol de 250.000 inspecciones más que ha anunciado el Ministerio de Trabajo.
Sobre el número de inspecciones a realizar, solo me da la risa floja. Si con la plantilla actual de inspectores y subinspectores de trabajo, 1.954 personas (efectivos en 2009) tienen los siguientes ratios:
- 1.568 centros de cotización por Inspector de Trabajo y Seguridad Social y
- 1.592 centros de cotización por Subinspector de Empleo y Seguridad Social
- y han realizado en torno a las 362.000 visitas (cuadro superior),
creo que podemos afirmar sin lugar a dudas que la plantilla de funcionarios de la Inspección de Trabajo se gana el sueldo y que son bastante productivos. Con estos datos, si se pretenden realizar un 66% más de visitas, tendremos que aumentar la plantilla de inspectores linealmente, punto que nadie ha dicho que vaya a ocurrir.
El segundo punto es que la economía sumergida está oculta y su localización e investigación no consiste sólo en levantar un acta en el centro de trabajo y pasar revista a los trabajadores que tiene la empresa. Estos centros de trabajo no están accesibles, no tienen una identificación rápida y el tiempo en inspeccionarlos es más largo que una inspección en una empresa abierta al público en circunstancias normales.
Por último, la base del problema se encuentra en la poca flexibilidad que tiene el régimen de autónomos para trabajos de escasa cuantía, la imposibilidad que tiene nuestro sistema para permitir trabajos en B, las pequeñas chapuzas de una manera legal, la poca cobertura que tienen los desempleados que necesitan mejorar sus ingresos como sea y la precarización laboral que se extiende como una marea negra cada vez que aumenta el desempleo. En esta tesitura, la economía sumergida se convierte en economía de subsistencia para muchos individuos.
Una mera reflexión; imaginemos una persona con cuatro más a cargo y sólo con los ingresos del paro, unos 900 euros. Esta persona hará todo lo que esté en su mano para mejorar sus ingresos y si por casualidad la inspección de Trabajo lo sanciona con 180.000 euros (límite máximo de esta sanción) y le pide la devolución del desempleo cobrado de manera indebida, tendremos una persona excluida socialmente dado que no podrá pagar la sanción y tampoco podrá devolver este dinero.
En esta tesitura, esta persona podría terminar en la cárcel, dado que esta sanción tendría tipificación como delito si no se paga o incluso, estaríamos generando que esta persona comenzara a desempeñar otro tipo de actividades delictivas. Todos tenemos la mala costumbre de comer a diario, no lo olvidemos tampoco.
En El Blog Salmón | Tres formulas que debe contemplar el gobierno para luchar contra la economía sumergida, ¿Por qué existe la economía sumergida?