El compromiso del Gobierno del PSOE de aumentar la carga fiscal de las grandes empresas españolas ha causado malestar entre el sector empresarial, que han aprovechado para expresar en público su desacuerdo con lo que pretende realizar el Gobierno.
La reforma que plantea el Gobierno del PSOE establecer los siguientes aspectos: introducir un impuesto de nueva creación para la grandes empresas tecnológicas, aplicar un impuesto a la banca con el objetivo de recaudar alrededor de 1.000 millones de euros con los que financiar las pensiones y reformar el impuesto de sociedades para establecer un tipo mínimo que no se inferior al 15 por ciento.
El Banco Santander ha dado el primer paso para mostrar su malestar a través de su consejero delegada, José Antonio Álvarez, que ha amenazado de sacar su sede fiscal de España ante la posibilidad de que se aplique algún tipo de impuesto sobre el beneficio consolidado.
Nos podemos preguntar: ¿Cómo pretende aplicar este nuevo impuesto el Gobierno del PSOE?
El Gobierno del PSOE quiere neutralizar los activos fiscales diferidos
Para reducir las exenciones que permiten a las empresas reducir la factura del impuesto de sociedades, cuyo tipo general está actualmente en el 25 por ciento y para las entidades bancarias en el 30 por ciento, una de las alternativas que piensa el Gobierno es la posibilidad de neutralizar el uso de los activos fiscales diferidos (DTAs).
Los activos fiscales diferidos (DTAs) son conocidos también como los créditos fiscales, cuando su activación permita a una empresa a disminuir el tipo efectivo del impuesto de sociedades por debajo del 15 por ciento. Por tanto, la neutralización de las DTAs tiene un efecto negativo sobre el resultado de las empresas.
Las empresas que componen el IBEX 35, acumulan en sus balances a finales del 2017 alrededor de 100.000 millones de euros en créditos fiscales, provenientes de pérdidas, saneamientos y aportaciones a planes de pensiones realizados en ejercicios de años anteriores.
El tratamiento de estos activos fiscales diferidos (DTAs) es uno de los aspectos más complicados de la reforma del impuesto de sociedades, ya que reduce el tipo nominal al que se deducen las empresas los créditos fiscales, o eliminar esta deducción, podría suponer un importante efecto negativo para las empresas del sector financiero español.
Debemos recordar que esto fue uno de los aspectos por los que, en 2014, el exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, no aplicó sobre las entidades financieras la rebaja del impuesto de sociedades del 30 al 25 por ciento.
Juan Rosell, presidente de la CEOE, ya ha advertido al Gobierno del PSOE de que aumentar la carga fiscal a las empresas aumentando el impuesto de sociedades, causará un efecto negativo a la competitividad de las empresa, disminuirá o retrasará la inversión y afectará negativamente la creación del empleo.
Impacto de la tasa a los créditos fiscales en las entidades financieras
Las previsiones realizadas por Goldman Sachs estiman que las principales entidades financieras españolas (Caixabank, Santander, BBVA, Banoc Sabadell, Bankia y Unicaja) acumulan alrededor de 37.000 millones de euros en activos fiscales diferidos (DTAs) monetizables a finales de 2017.
Los activos fiscales diferidos (DTAs) monetizables, los que exigibles frente a Hacienda, cuentan con una garantía a nivel estatal y la legislación permite desde el año 2013 que se apliquen como parte del capital de máxima calidad (CET1) a cambio del pago de una tasa del 1,5 por ciento.
Revisar el tipo impositivo sobre el que se están calculando estos activos, podría implicar que las entidades financieras perdieran miles de millones de euros de capital, pudiendo llegar a comprometer la solvencia de alguna de ellas.
Por lo tanto, otra de las opciones que tiene el Gobierno del PSOE es que aumente la tasa del 1,5 por ciento que pagan las entidades financieras por los créditos fiscales monetizables, lo que aumentaría la recaudación y podría ser visto como un impuesto a las entidades financieras, el que había prometido el Gobierno del PSOE.
Según estimaciones de la entidades bancarias de inversión de Estados Unidos, para recaudar 800 millones de euros adicionales mediante este tipo de impuesto, la tasa se tendría que aumentar un 2,14 puntos porcentuales, hasta llegar a los 3,64 por ciento.
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