Era una batalla anunciada. Se preveía dura. Y lo está siendo. La llegada de Uber con su servicio más polémico a las dos grandes capitales españolas, Barcelona y Madrid, era sólo el comienzo. Ambos gobiernos autonómicos y locales están decididos a plantarle cara. La Comunidad de Madrid ha sido la última en mover ficha: sanciones y hasta la inmovilización de los vehículos que trabajen para la compañía.
La estrategia de Uber ha sido clara: aterrizar en España con su servicio más complejo de encajar en la normativa española, UberPop. Los efectos se percibieron en Barcelona y ahora en Madrid. Las administraciones más locales (el Gobierno y la Comisión Nacional de la Competencia se han sacudido la responsabilidad de regular su actividad) son las que han plantado cara con la competencia desleal como principal argumento.
Barcelona, la primera
En Barcelona, lo primero que se hizo fue abrir expedientes al conductor particular que llevaba a cabo un servicio de transporte sin disponer de licencia. Se calcula que entre 700 y 800 ofrecen sus servicios a través de la compañía. Desde el momento en el que anunciaron estas sanciones, la Generalitat ha abierto 150 expedientes de infracción a la startup norteamericana.
Ahora, según anunciaba la administración autonómica catalana este fin de semana, modificarán la ley catalana del taxi. El objetivo: endurecer aún más la normativa para que no sólo se quede en un expediente y una multa (que puede sumar 4.000 euros) sino que se vaya más allá y se pueda inmovilizar los vehículos durante tres meses.
Madrid se suma a las sanciones
Madrid se suma ahora a la batalla. Tras la presión de los taxistas de la ciudad, la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Guardia Civil y la Policía Local, comenzará a inspeccionar y sancionar a la empresa y los conductores. Las 'armas': sanciones de 4.000 a 6.000 euros, pudiéndose a incrementar a 18.000 si hay reiteración y hasta la inmovilización.
No creo que sea sencillo hacer frente a este tipo de servicios en una ciudad con decenas de miles de coches circulando a diario por sus calles. Pero viendo el antecedente en Barcelona, con más de un centenar de expedientes, habrá sanciones.
Las claves
Mientras la regulación y la inclusión de la compañía en el marco jurídico sigue posponiéndose, las sanciones se repetirán. No en vano, lo que hacen muchos conductores bajo el paraguas de Uber es competencia desleal desde el mismo momento que llevan a cabo servicios similares al de un taxi sin tener que pagar un sólo céntimo de una licencia obligatoria para los profesionales.
En una interesante entrevista en El País, el consejero delegado de la compañía, Travis Kalanick, dejaba entrever que la clave está en dilucidar cuál es el límite entre compartir un trayecto y ganar dinero con ello. "Ahí está el debate, cuál es el coste de mover un coche", explicaba.
Sin embargo, en esa misma entrevista Kalanick habla de rendimiento económico, de oportunidad para los taxistas que utilicen la aplicación, de generación de decenas de miles de empleos... Empleos que tienen sentido si entre el coste de mantenimiento del vehículo y gasolina y el que se cobra al usuario es mayor. Algo que choca con lo que decía el responsable de la firma para Europa Occidental en una entrevista para ABC: "Nuestros conductores no son empleados, sólo buscan compartir gastos".
"Moverse en un transporte seguro, barato y muy fiable. Y, por el camino, crear decenas de miles de empleos, reducir los atascos y proporcionar una movilidad más respetuosa con el medio ambiente. Por eso me pregunto qué tiene de malo todo esto". Probablemente no habría nada de malo si no hubiera otros 'actores' que no trabajan en igualdad de condiciones.
La batalla no ha hecho más que comenzar. Pero mientras se habla de sanciones, de inmovilizaciones y de expedientes, se sigue posponiendo el debate sobre la desintermediación (también del sector del taxi) y cómo abordar desde las reglas del juego las nuevas formas de consumo de los usuarios.
En El Blog Salmón | Uber sigue haciéndose más grande mientras las 'reglas' siguen siendo las mismas
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