La utilización del artículo 86 de la Constitución España que da la competencia al Gobierno de realizar decretos ley, sin necesidad de justificación por urgencias o extraordinaria necesidad por carácter de excepcionalidad, gravedad, relevancia o imprevisibilidad que exige una acción normativa inmediata, puede ser poco seguro a nivel jurídico en el contexto político actual.
El Decreto Ley 17/2018, que establece la condición de sujeto pasivo del prestamista en el impuesto de 'Actos Jurídicos y Documentales' (AJD), ha sido bastante beneficioso para los futuros usuarios de los préstamos hipotecarios.
Nos podemos preguntar: ¿Cuáles son los motivos para que el Decreto Ley 17/2018 se podría declarar inconstitucional?
Tendremos que esperar 30 días para que el decreto ley se convalidado
El Decreto Ley 17/2018 ha dejado fuera a las cajas rurales y al resto de cooperativas de crédito, quienes van a conservar, al menos por el momento, una exención en el impuesto de Actos Jurídicos y Documentales además de generar bastantes lagunas legales.
La gran incertidumbre del decreto ley es que debe ser convalidado en un plazo de 30 días desde que se promulgue y aun haya sido convalidado se podría declarar un recurso inconstitucional por la justicia.
Va a depender si declara o no inconstitucional de lo agitado que este la política española durante estas semanas. El decreto ley ha tenido con el respaldo de la gran parte del Congreso de Diputados, si bien es cierto que algún partido político ya ha considerado que esta medida es insuficiente.
Podemos está defendiendo a capa y espada que esta norma se debería aplicar de forma retroactiva, o Ciudadanos se opone por considerarla inútil debido a que se debería de eliminar el impuesto de las hipotecas.
El PP tiene la capacidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad
Con la convalidación del decreto ley no se convierte en una ley formal, simplemente lo que pasa es que tiene desde es momento efectos y fuerza de ley.
El artículo 86 de la Constitución Española dispone que los reales decretos de ley no puede afectar, en otras materias a los derechos, deberes y libertadas de los ciudadanos, entre los cuales tenemos el deber de contribuir al gasto público establecido en el artículo 31 de la Constitución Española.
Por tanto, el Decreto Ley 17/2018 parece que ese establecen maneras de justificar y no salvaguardar el principio de reserva de ley existente en materia tributaria. Por esto no nos debería sorprender si se plantean recursos de inconstitucionalidad contra el decreto ley.
Solo hacen falta 50 diputados o 50 senadores para la interposición del recurso de inconstitucionalidad y el PP lo supera. Si esto pasa puede abrir un espacio temporal de incertidumbre hasta su resolución, acrecentando el descrédito de la justicia y un nuevo lastre para nuestra maltrecha economía.
Posible solución a la inconstitucional es hacer en paralelo el decreto ley y una nueva ley de hipotecas
El alcance y los efectos de la no convalidación o de la anulación no es el mismo, aunque ambos van a ser consecuencias no deseables. Si el decreto ley no es convalidado, es como si no hubiera existido y, si es declarado inconstitucional, no tendría efectos retroactivos, sin perjuicio de que el tribunal pueda establecer los efectos en el tiempo de la declaración de nulidad.
Dentro de los apartados del artículo 86 de la Constitución Española nos da una solución parcial de tema de la inconstitucionalidad, ya que permite que se pueda tramitar al mismo tiempo y sucesivamente el decreto ley como el proyecto de ley.
Esta puede ser una manera de salvar la posible modificación del principio de reserva de ley en materia tributaria, pero trataríamos con 2 normas diferentes, y el recurso o la declaración de nulidad del decreto ley no implicaría a la realización de una nueva ley.
La reforma de la Ley Hipotecaria según la Directiva 2014/17/CE
Quedan muchos temas que deben ser aclarados por parte de los legisladores, la exención de las cooperativas de crédito o qué pasa con la exención de las subrogaciones hipotecarias son algunos temas que pueden traer problemas.
La reforma de la Ley Hipotecaria que fue una aplicación de la Directiva 2014/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los contratos de créditos realizados con consumidores para bienes inmuebles de uso residencial, que el Gobierno del PSOE se ha propuesto sacar en menos de 1 mes, puede ser la solución.
Parece que este proyecto en tramitación parlamentaria no se va a limitar a ejecutar lo que establece la directiva y se espera que haga algo más que aclarar el reparto de los gastos hipotecarios (gastos de tasación, gastos de gestoría, notario o registro).
El objetivo de la esta nueva ley debe ser establecer una mejor transparencia, seguridad jurídica y eficiencia del sistema financiero y bancario español, como uno de los motores de la economía en España.
Algunas comunidades autónomas ya han empezado a trabajar dentro de sus competencias legislativas. En Cataluña ya han eliminado los tipos reducidos establecidos por el impuesto de Actos Jurídicos y Documentales de establecían para lo jóvenes, personas con discapacidad o financiación de compra de vivienda de protección oficial, con un aumento impositivo.
No será la única comunidad autónoma que tome esta decisión, y otro aspecto que se deberá de controlar.
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