El martes pasado, el Congreso de los Diputados aprobó la propuesta de Unidos Podemos que marcaba la fecha de cierre de las centrales térmicas de carbón en España. Se aprobó con un total de 201 de votos a favor con los apoyos de Unidos Podemos, PSOE, Ciudadanos, ERC, PDeCAT, Compromís, UPN, Bildu y Nueva Canarias. Por su parte, el PP, Foro Asturias y Coalición Canaria votaron en contra y el PNV optó por la abstención.
Esta medida persigue, de facto, acabar con la minería del carbón en España para el año 2020 debido a que se apuesta por la retirada de los pagos por capacidad de todas las centrales que superen las emisiones de Co2 establecidas, lo que supone echar el cierre de las centrales térmicas de carbón.
Si nos ponemos en antecedentes, la Comisión Europea publicó una nueva normativa que ponía mayores exigencias en los límites de emisiones de gases contaminantes para las centrales térmicas hasta 550 gramos de Co2 por Kwh. Curiosamente, por parte de las centrales térmicas en Europa cumplen estas exigencias, mientras que España las ignora.
Para cumplir con estos niveles fijados por Europa, sería necesario una fuerte inversión en mejoras técnicas para la quema de carbón de 1.119 millones de euros en estas centrales térmicas en base a los datos de European Climate Foundation.
Argumentos a favor y en contra para el cierre de centrales térmicas de carbón
Los partidos que han aprobado esta propuesta buscan un horizonte energético orientado a una mayor ecología y sostenibilidad en la producción de energía eléctrica y poner en valor las energías alternativas.
Uno de los datos que más avalan esta posición es que la quema de carbón supuso aproximadamente un 70% de la producción de emisiones de gases de invernadero de la producción eléctrica en el año 2014 y en 2015. Asimismo, el sector eléctrico aumentó sus emisiones en 6,8% en el año 2015 (crecimiento del 1,3% en la UE).
Y en el año 2016, la generación de electricidad procedente del carbón cayó un 29% y con ello, también las emisiones de Co2 del sector eléctrico que se redujeron un 18,3% y cerraron en 2016 un 43,1% por debajo de los niveles de 2007.
El Gobierno es contrario a esta medida y el propio ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha argumentado que “El interés general de España implica que el carbón esté ahí para que las puntas de precio no sean muy altas porque si hay una punta de precio de gas como ocurrió el invierno pasado el hecho de que exista carbón modula un 15% ese precio".
Se une a la crítica de esta medida el sindicato CCOO que ha recordado a las formaciones políticas que en otras ocasiones “en lugar de aniquilar un sector que mantiene muchísimos puestos de trabajo, han realizado propuestas que iban encaminadas a utilizar correctamente los combustibles fósiles con proyectos que consiguen producir electricidad con baja emisión de carbono”.
Para las empresas eléctricas un contexto de recortes de misiones supone una pérdida en la actividad económica e incluso señalan que los costes de cerrar las instalaciones podrían ser superiores a los potenciales beneficios derivados de recortar las emisiones de contaminación.
España opta por prescindir del carbón en su mix
El sector de la minería del carbón ha ido a la baja en las últimas décadas debido a los planes de reestructuración que han tenido como resultado una disminución significativa en el empleo a lo largo de los años.
El sector ha pasando de emplear a 100.000 personas en la década de los años cincuenta, a 45.000 a finales de los años ochenta y hasta los 3.407 empleos en 2012. En 2014 el número de cotizaciones del régimen especial de la minería del carbón de 5.029 personas, que incluyen tanto trabajadores en activo como aquellos acogidos a programas de jubilación anticipada.
Las minas de carbón parecen haber tomado un una ruptura decisiva con el pasado. Este cambio en gran medida refleja los factores estructurales: el aumento de disponibilidad y competitividad del gas natural y energías renovables, combinado con acciones gubernamentales y el sector privado.
La producción renovable ha mantenido un papel destacado en el mix de generación del sistema eléctrico peninsular, ya que ha alcanzado el 40,8% del total. Este dato es posible por el crecimiento del 25,5% de la producción hidráulica y por el descenso de la generación con carbón, cuya producción fue un 30,9% inferior a la del 2015.
Esta reducción ha provocado una caída de 5,9 puntos en su participación en el mix de generación anual peninsular, pasando de un 20,3% en 2015 a tan solo el 14,4% en 2016 y en los próximos años veremos como la participación en el mix se va reduciendo más.
Por lo tanto, la afirmación del ministro Nadal sobre el carbón sólo sería cierta si en el mix no entraran en juego en los próximos años otras alternativas energéticas que sustituyan el actual peso del carbón en la generación de electricidad.
El sistema eléctrico español mostraba en 2016 una potencia instalada de 105.279 MW, lo que supone un 0,8% inferior a la del 2015. Este descenso se corresponde casi en su totalidad con el cierre en el mercado de producción de cinco instalaciones de carbón que suman conjuntamente 932,2 MW, un descenso del 8,5% de la potencia instalada con carbón.
El carbón español no es competitivo
El carbón que se consume en nuestro país no es producción propia sino que proviene de las importaciones. De hecho, el 80% del carbón que se consumió en el año 2014 en España para generar electricidad era importado. Importamos carbón de Colombia, Indonesia, Rusia, Sudáfrica y Estados Unidos.
La razón por la que incurrimos a la importación del carbón es simple, el precio del carbón externo es más barato que el autóctono, en otras palabras, no es competitivo por su difícil extracción y optar por nuestro carbón implicaría que los consumidores pagaran un sobreprecio.
El problema que existe en España es que nuestro carbón tiene marcado por una baja competitividad, a pesar de las ayudas que recibe -22.000 millones de euros desde el año 1992- y es más barato importarlo que producirlo.
Mediante el "Marco de Actuación 2013-2018", las ayudas a la producción del carbón también se ha reducido en estos años. En el año 2013 se fijó para el carbón de galería 30 euros por tonelada y este importe ha ido disminuyendo hasta que para el 2018 serán de 5 euros por tonelada.