BlaBlaCar, AirBnB, Wallapop... Son palabras que hace unos años no existían y que ahora muchos consideran una fuente de ingresos accesoria. Las palabras se cuelan en las conversaciones. Están los que ahorran dinero y los que obtienen ingresos. Todos felices, hasta ahora, porque la regulación de la economía colaborativa empieza a estar en manos de los políticos.
La Unión Europea ha publicado el documento Una Agenda Europea para la Economía Colaborativa en la que, si por un lado defiende la capacidad de la economía colaborativa para crear riqueza, no quiere dejar las puertas abiertas y dejarnos sin obligaciones fiscales. Y, es que, en un momento de deuda y déficit, las autoridades fiscales europeas no van a quedarse sin recaudar, de todos los nichos.
La regulación que quiere la Unión Europea
Aunque hemos mencionado el tema fiscal, esa es sólo una de las cinco prioridades que busca la Unión Europea en su regulación del mercado único:
- Los requisitos de acceso, a aquellos que quieran ofrecer servicios, siendo la prohibición el último recurso. Además, debe de distinguirse entre los profesionales y aquellos particulares que ocasionalmente presten servicios. Esto posiblemente lo veamos en limitaciones que fijarán los estados sobre hasta qué punto es ocasional y hasta qué punto es una actividad económica profesional.
- La responsabilidad en caso de que surjan problemas, dejando en manos de las plataformas sólo la responsabilidad por los servicios que ofrecen, como la intermediación financiera.
- La protección al consumidor según los estándares de la regulación Europea
- La relación laboral que pueda surgir, que es competencia nacional
- La fiscalidad, que como hemos avanzado no va a quedarse exenta. Los prestadores de servicios deben pagar impuestos, siendo los pertinentes el IRPF, el impuesto de sociedades y el IVA. Eso sí, los estados deben de simplificar la normativa fiscal y aclarar la aplicación de las mismas. Además las plataformas, tendrán que colaborar en la persecución fiscal.
Por tanto, si compartes coche con BlaBlaCar o Amovens, si alquilas una habitación que te sobra en tu casa con AirBnB o si eres usuario de estos servicios, vas a acabar teniendo que pagar impuestos. Era de esperar. Además muy posiblemente las mismas plataformas serán las que proporcionen lo que has ingresado a la autoridad fiscal competente. Por ejemplo, Estonia, que suele ser el país más avanzado, ya está viendo como Uber le puede proporcionar la información fiscal de los conductores.
Tal como yo lo entiendo, el marco regulatorio que quiere la UE es uno en el que para proporcionar servicios de economía colaborativa habrá ciertas limitaciones (por ejemplo el coche tendrá que tener menos de X años, el seguro tendrá que tener contemplada la colaboración, etc) y que estará limitado a cierto uso, a partir del cuál será considerado profesional (por ejemplo sólo se permitirá un número de pernoctaciones al año).
Muy posiblemente esto además supondrá una regulación de la fiscalidad, en la que las plataformas tendrán que informar a las autoridades fiscales. De hecho, y dado lo fácil que les gusta ponerlo a las plataformas, muy posiblemente estas funcionen y se encarguen de la fiscalidad, que es posible que sea limitada a ciertas cantidades, siendo un ejemplo los actuales módulos para los autónomos que reducen la complejidad a pequeños empresarios. Pero claro, entre lo que pueda querer la Unión Europea y lo que se implante en España, donde los lobbys campan a sus anchas...
Los lobbys en contra de la economía colaborativa
El mayor riesgo que tiene la economía colaborativa es que existen grupos de presión que ven amenazado su negocio por la prestación de servicios por parte de particulares. En este caso, tenemos que cada uno de los afectados suele tener su némesis. Las empresas que tienen líneas de autobuses ven amenazado su negocio por BlaBlaCar y Amovens, los hoteleros lo ven amenazado por AirBnB, los restaurantes por Share Your Meal y los taxistas por Uber y Cabify.
De hecho Podemos (que es la mayor parte de la coalición que según las encuestas será la segunda o tercera lista más votada) se ha puesto en contra de Uber y Cabify, ambas operando en ciudades españolas y afirmando que son empresas que evaden impuestos y que crean subempleo.
UBER y Cabify, ejemplos de lo que será el TTIP: beneficios para pocos y recortes en serv. públicos #TAXIvsTTIPhttps://t.co/yqmixkCkl3
— PODEMOS (@ahorapodemos) June 2, 2016
Cabify ya ha respondido afirmando que ellos pagan sus impuestos en España y en los demás países que operan, y que los vehículos con los que operan son de transportistas que ya estaban ejerciendo su actividad, no de falsos autónomos. También están haciendo una campaña de relaciones públicas con el objetivo de mejorar la imagen que tienen, aunque esto no es novedad en la empresa. Uber de momento no se ha pronunciado al respecto.
Si la de los taxistas es el primer lobby al que intenta ganarse un partido para conseguir los votos de sus afectados (se estima que en España hay algo más de 70.000 licencias de Taxi), no hay más que ver lo que podría suponer si algún partido quiere ganarse a los hoteleros prohibiendo AirBnB (en vez de adaptarse al nuevo escenario).
Es cierto que en España no hay muchos dueños de hoteles, pero sí muchos empleados de hoteles en limpieza, atención al cliente, etc que pueden suponer un caladero de votos importante. O lo que puede suceder con bares y restaurantes en contra de esos servicios en los que una persona prepara la cena en su casa a extraños y cobra por ello. Y es que a nadie le gusta que le pongan competencia (aunque beneficie mucho a los consumidores y a largo plazo nos vuelva más competitivos).
¿Debe estar regulada la economía colaborativa y pagar impuestos? La verdad es que sí, la aproximación de la UE al respecto parece bastante razonable, no es nada exagerado que se exijan ciertos mínimos y que se paguen impuestos. Sí resulta muy preocupante el Frankenstein legislativo prohibicionísta que pueda surgir de partidos políticos queriendo llevarse votos y el favor de lobbys.
Al final, lo que se conseguirá será quedarnos fuera de esta ola de emprendedores, que al no tener un mercado local tendrán imposible comenzar un servicio en España por un lado, y por otro, privar a particulares de mejores precios o incluso de llevarse unos ingresos extra en tiempos económicamente duros. Como ya he comentado alguna vez, no se debe atentar contra la supervivencia en favor de grupos de presión.
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