Últimamente se está cuestionando sobre las prestaciones del mercado eléctrico, sobre todo el dirigido a la energía eléctrica al por mayor. Solo mencionar este tema a los usuario despierta muchas interpretaciones emocionales, y ninguna positiva.
Los políticos deben tener claro que los usuarios quieren saber en detalle el entramado de este mercado y qué repercusiones tiene el funcionamiento del mercado eléctrico después de 2 décadas de liberalización en España.
Nos podemos preguntar: ¿Qué no ha funcionado de la liberación del mercado eléctrico en España que empezó hace 2 décadas?
La liberación del mercado a través de la ley 54/1997
El mercado eléctrico es una parte de la cadena de suministro de la electricidad que todos los usuarios consumen, es decir, un mercancía, y a su vez un servicio público que necesita la intervención y regulación por parte del gobierno.
El mercado eléctrico tiene un volumen anual de 13.000 millones de euros de los 32.000 millones de euros del total del sector, el resto va al transporte, distribución, subvenciones y pagos varios, que dentro de la normativa española supone generar, transportar y distribuir la energía eléctrica a nivel nacional.
La normativa del mercado eléctrico es de la ley 54/1997, la cual fue impulsada por la Unión Europea, siguiendo la tendencia de liberalización del sector eléctrico y el aumento de la eficiencia pasando al sector privado.
El objetivo de esta normativa era disminuir los costes de energía eléctrica para todo los usuarios, asegurar el suministro y potenciar las energías renovables para asegurar la calidad del aire en España.
Lo que se pretendía era que el mercado tuviera el máximo de competidores sin apenas intervención del Estado, salvo la regulación existente, para así mejorar las prestaciones del sector hasta en entonces en posición de monopolio y centralizado.
¿El sector eléctrico ha cumplido los objetivos básicos? ¿En qué medida los ha cumplido?
Sin duda, no podemos dejar de utilizar el servicio de electricidad a cualquier momento. La eficiencia de la producción, y sobre todo conocer sus costes ha producido la fijación de los precios según el mercado y esto ha producido que las tarifas hayan aumentado considerablemente. Esta liberación ha permitido comparar nuestro mercado con los mercados de otros países.
Podemos decir que las emisiones siguen aumentando, y las intervenciones de los diferentes gobiernos siguen pasando, incluyendo limitaciones en las prestaciones, rescates tecnológicos a la producción que las empresas son incapaces de recuperar inversiones, fijación de las cuotas inducidas por la Unión Europea...
En el caso de la disminución de precios de forma progresiva de la energía de electricidad final para industrias y los usuarios, claramente no se ha cumplido con el objetivo marcado por la normativa española.
El coste del kWh para un usuario medio ha aumentado desde 2000 hasta el año pasado en un 120 por ciento. El precio del mercado mayorista de electricidad ha pasado de los 30 euros por MWh, a más de 75 euros Mwh, en los que se sitúa ahora el mercado, es decir un aumento del 150 por ciento.
El aumento en ambas partes ha sido significativo en un servicio de primera necesidad como es la energía eléctrica. Los precios han situado a nuestro país en la cola de los países de la Unión Europea, con precios de la energía eléctrica más elevados, sólo superados por Dinamarca y Alemania.
Aquí podemos decir, que el diseño del mercado eléctrico se basa en un paradigma artificial y marginalista de costes de producción variables, acceso abierto y no discriminatorio. El funcionamiento se realiza en varias etapas temporales (día antes y en tiempo real) donde se estima qué generadores satisfacen de manera física el equilibrio entre lo que se oferta de potencia eléctrica y la demanda existente en el mercado.
En las últimas décadas se han desaprovechado grandes mejoras del mercado eléctrico
En estas dos últimas décadas se podrían haber dado grandes opciones de mejora. Es decir, poder evitar los techos políticos de precios y la sobrecapacidad, que la demanda real de los usuarios se enfrenta con la producción, superando la falta de remuneración (missing money) de algunas tecnologías productivas (capacidad).
Se podría haber normalizado las ofertas de producción bajo estándares, plasmar el valor a los submercados decisivos, precios por diferentes zonas geográfica, costes y concesiones del pasado que se han ido arrastrando durante el tiempo...
El mercado eléctrico necesita incorporar avances tecnológicos y algoritmos, adaptarse a la llegada de una gran cantidad de oferta de energía renovable a coste marginal 0, digitalización del mercado, establecer mejores previsiones de la capacidad de gestión de almacenamiento, prever la volatilidad de precios aumentado por la intermitencia de producción, estimar los costes de flexibilidad... que se tendrá que optimizar un momento u otro.
Creación de un operador de sistema y un coordinador de las funciones y las competencias
El gobierno es quien regula, debe jugar un papel indispensable y facilitador, a través de las capacidades de un operador de sistema, ISO (Independent System Operator), preferiblemente que sea sin ánimo de lucro, que integre el operador de mercado y del sistema, que determine en qué condiciones técnicas se accede a los mercados y durante cuánto tiempo.
Es operador del sistema también deberá coordinar las funciones y las competencias de los DSO (Distribution System Operators), siendo un protagonista dentro de los submercados territoriales. La continuidad y potenciación del suministro es una necesidad estratégica en España.
La normativa para asegurar todo esto, que el coste sea el óptimo, debe proteger la necesidad básica de los más desfavorecidos, es decir, la responsabilidad del gobierno. Este es el desafío en el que hay poner los medios para aspirar a potenciar la electrificación del abastecimiento energético introduciendo en mercado energías renovables y creando con esto una nueva actividad económica.
En España necesitamos un mercado eléctrico eficiente, un suministro competitivo y equitativo, debe darse en un sector basado en la transparencia de la información, cooperación en los diferentes niveles, fuerte competencia entre los operadores, retribución justa y razonable a las inversiones.
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