La semana pasada asistimos a una intensa oleada de protestas en el sector agrícola fruto de su escasa, incluso nula, rentabilidad ya que con el precio pagado en origen apenas consiguen cubrir los costes de producción.
El sector está reivindicando que se consiga alcanzar la meta de unos precios justos en origen. Una propuesta que Podemos acoje y veremos qué tipo de medidas tratan de orientar en el futuro ya que el sector agrícola está inmerso dentro de la Política Agraria Comuna (PAC) que depende de instancias europeas.
El análisis de Podemos
Para Podemos, socios del actual Gobierno, el verdadero problema reside en las grandes distribuidoras del país que asfixian a los agricultores con los precios. Se trata de un problema de ingresos derivado de un "injusto" reparto en la cadena de suministros.
Si accedemos a los datos de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la primera organización agraria profesional de ámbito estatal, vemos las disparidades existentes entre el precio de origen y precio final de diferentes productos.
Mandarina: precio de origen por kilogramo 0,32 euros y precio final 1,95 euros.
Patatas: precio de origen por kilogramo 0,17 euros y precio final 1,25 euros.
Aceitunas: precio de origen por kilogramo 1,19 euros y precio final 4,82 euros.
Brócoli: precio de origen por kilogramo 0,52 euros y precio final 2,75 euros.
Como podemos observar, existe una gran diferencia entre el precio de origen al precio final en diferentes frutas y hortalizas. Y en la cadena de suministro hasta llegar al cliente final, el precio puede multiplicarse por 6 o por 7 veces.
Vistos estos resultados, para Podemos la conclusión es obvia, hay que fijar precios mínimos en origen para garantizar la rentabilidad de agricultores para que puedan salir las cuentas. Proteccionismo puro y duro.
En otras palabras, que dentro de esta cadena de suministro, las grandes distribuidoras ocupen un peso menor en el precio final. Hablamos de empresas como puedan ser Mercadona o Carrefour. De nuevo, las grandes empresas en el punto de mira.
Entendiendo la cadena de valor y la propuesta de Podemos
En primer lugar, hay que hacer un enfoque amplio. Dentro de esta cadena de suministro vemos diferentes colaboradores necesarios que aportan valor y que asumen diferentes costes hasta que repercuten el precio final. Describimos los miembros que aportan valor y los costes imputados.
El agricultor se enfrenta a costes de una explotación del cultivo, especialmente salarios de los trabajadores y el seguro agrario.
La central hortofrutícola asume los costes de clasificación (imputación de las mermas), normalización y envasado para el consumo.
La plataforma de distribución tenemos el transporte frigorífico desde la central hortofrutícola a la plataforma de distribución y también, el transporte a tienda desde la plataforma gestiona toda clase de productos y referencias de abastecimiento al punto de venta. Estrechamente vinculados al precio de los carburantes, sobretodo si se incrementan impuestos al gasóleo.
La tienda (supermercado/hipermercado) representa la actividad de la tienda agrupa los costes de las siguientes partidas: mano de obra, gastos generales y también, las mermas producidas en la tienda.
Podemos quiere señalar al último eslabón de la cadena de suministros. Y si es una gran empresa, mejor, porque encaja dentro del ideario de "grandes empresas explotadoras" que se aprovechan de una posición dominante.
Pero lo cierto es que no es así. [El profesor Juan Ramón Rallo](Cuando uno entiende el modelo de negocio de los distribuidores, descubre rápidamente que las invectivas sanchistas contra las grandes superficies son puro populismo antiempresarial https://t.co/gGgqB7cDz0) señaló recientemente que las empresas distribuidoras no obtienen sus resultados a través de grandes márgenes sino por una elevada rotación de su circulante (muchas operaciones con poco margen). De tal manera que si comparamos sus ingresos frente a los resultados antes de impuestos, se observa una relación más bien estrecha.
Expuso el caso de Mercadona, que ingresa 22.234 millones de euros para obtener finalmente 759 millones antes de impuestos, una relación del 3,41%. Es decir, por cada euro ingresado, obtiene un margen de 3,41 céntimos antes de impuestos.
También podemos hacer el mismo ejercicio con los resultados de Carrefour, vemos que en 2018 ingreso 77.917 millones de euros pero antes de impuestos su cuenta se había reducido hasta los 496 millones de euros, un margen de tan solo el 0,63%. Incluso, inferior a Mercadona.
No obstante, incluso aplicando las políticas de Podemos, estos precios mínimos deben ir acompañados necesariamente por politicas arancelarias o por políticas no arancelarias, es decir regulatorias, que impidan la entrada de productos extranjeros que puedan hacer una competencia frente a productos de la misma categoría. Esta es la política vinculada a Vox como defensa ante la globalización.
En definitiva, el principal perjudicado acabaría siendo el consumidor final que debería hacer frente a un sobreprecio por este tipo de políticas, que discriminan la opción más competitiva del mercado.
Asimismo, se estaría impidiendo a los países más pobres, y con costes laborales inferiores, la mejora de su situación a través del comercio, y que se mantengan en un estado de pobreza latente.
El SMI: El verdadero culpable en el último año
Hay que decir que la rentabilidad viene medida como una magnitud de relación a la inversión frente a los resultados, y en esos resultados se tienen en cuenta los ingresos, pero también los costes asociados al proceso productivo.
Y dentro de estos costes no debemos ignorar que el Gobierno el año pasado elevó un 22% al salario mínimo, afectando negativamente los segmentos menos productivos de la sociedad punto y, entre esos segmentos menos productivos, encontramos al sector agrícola que ya está experimentando una subida del desempleo en una base interanual.
Hay que tener en cuenta que aquellos cultivos que requieren una mayor intensidad en la mano de obra son aquellos más perjudicados como pueden ser: el olivar, el viñedo o las frutas y hortalizas.
Curiosamente, en Extremadura y Andalucía son las comunidades que quedarían más afectadas. Y no es para menos, debemos de tener en cuenta que son regiones españolas con un fuerte peso del campo y con menor renta per cápita, y, consecuentemente, una subida del salario mínimo tendrá un mayor impacto.