La CNMV va a presentar hoy un conjunto de 74 recomendaciones con el fin de conseguir mejorar reales en el buen gobierno empresarial. Una de esas recomendaciones sugiere que el procesamiento judicial de un presidente o miembro del consejo de administración de una sociedad que cotice en bolsa pueda suponer su dimisión, sin esperar a conocer la sentencia.
¿De forma automática? No, pues la recomendación número 46 dice exactamente: “tan pronto resulten procesados o se dicte auto de apertura de juicio oral por alguno de los delitos señalados en el artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas, el consejo examinará necesariamente el caso y, a la vista de sus circunstancias concretas y de su potencial efecto sobre el crédito y reputación de la sociedad, decidirá si procede o no que el consejero dimita". En un momento donde el estado de derecho preside comentarios, noticias o ruedas de prensa, alguien podría argumentar de ilegal o poco recomendable este consejo o recomendación de la CNMV, argumentando que dicha recomendación va en contra del principio de presunción de inocencia. Es decir, podríamos vernos en una situación, en la cual, mientras que una noticia en el telediario nos comenta la posible destitutución del presidente de una multinacional española, la siguiente nos habla de un “presunto asesino” o "presunto violador".
Ahora bien, como sólo son recomendaciones, que no se preocupen las sociedades cotizadas, pues será el consejo de cada una de ellas el que tendrá la última palabra sobre el mantenimiento o no en el puesto de la persona imputada.
Insisto, son sólo recomendaciones, o …. ¿deberían ser algo más? Este nuevo código unificado, que sustituye a los ya conocidos Olivencia y Aldama no es de obligado cumplimiento, pero sí reclama explicaciones públicas a los que no lo adopten. La versión definitiva será publicada antes del próximo abril.
Vía | El Mundo