Actualmente, uno de los grandes problemas que existen en España, es la gestión de nuestro sistema sanitario. La atención sanitaria universal ha sido uno de los "grandes logros" del denominado Estado de Bienestar, y en esencia, se consiguió que las prestaciones sanitarias fuesen accesibles a todos/as los/las ciudadanos/as, teniendo prácticamente todos los colectivos la atención asegurada.
Esta demanda social por la que se luchó durante mucho tiempo, es obvio que genera costes. Si a esto le sumamos ciertos problemas de estructura que presentaba desde su nacimiento, la atención sanitaria universal se ha convertido en una gran necesitada de reformas, muchas de las cuales generan costes sociales y políticos importantes.
El crecimiento poblacional en los últimos años en España, salvo en los dos últimos años por el regreso de los flujos migratorios principalmente, y el envejecimiento de la población, ha motivado que las infraestructuras necesarias se multipliquen, y por tanto el gasto experimente un crecimiento explosivo. Es indiscutible que la atención médica es un derecho consolidado de los ciudadanos, y que no se concibe un Estado más desarrollado prescindiendo de este.
Pero lo que es cierto, sin lugar a dudas, es que el conjunto de la ciudadanía no percibe del sistema sanitario público lo que esperaba, por las siguientes causas:
- Limitación de los recursos, principalmente motivado por un crecimiento no homogéneo de las necesidades sanitarias y de los recursos financieros atribuidos, por la deficiente gestión económica y la caída de las cotizaciones sociales.
- Envejecimiento de la población, fruto del aumento progresivo de la esperanza de vida, generando más demanda de servicios.
- Concentración de los recursos en determinadas zonas generando sobrecapacidad, y falta de capacidad en otras muchas por la no aplicación estricta de criterios poblacionales.
- Atención recibida con carácter de administrado.Todas estas cuestiones, además de un incremento de la demanda de la atención especializada, y el incremento de la renta familiar en los años previos a la crisis, han proporcionado un crecimiento de la demanda de servicios sanitarios privados.
En el mercado sanitario español, existen compañías como Sanitas (16% de cuota de mercado), Asisa (12.30%) y DKV (5.30%), que han captado a muchos nuevos clientes, que bien descontentos con el sistema sanitario público, o bien buscando una atención más especializada y de calidad, han tomando la deción de contratar seguros de salud privados.
Está claro que la atención personalizada, la cita con el médico preferido sin esperar colas, y pasar de ser un administrado a ser un cliente es más caro. Pero no es esta una demanda que se haya retraído notablemente con la crisis.
¿Hay un reparto del mercado entre la atención publica y privada, o el ciudadano no recibe la atención que le corresponde de manera legítima?