¿Tenemos más cerca de lo que pensamos una solución al problema de las pensiones? ¿es Francia el espejo donde mirarnos? ¿Puede el país galo sentar un precedente a una cuestión que preocupa a la gran mayoría de países industrializados?
La reforma de las pensiones en Francia tiene un objetivo claro: controlar un déficit que no deja de crecer, pero la sin necesidad de tocar directamente las pensiones.
Y es que, frente a una situación fiscal delicada y un sistema social en transformación, el Gobierno ha optado por buscar financiación adicional a través de modificaciones fiscales específicas.
Esta estrategia se basa en eliminar privilegios fiscales y revisar exenciones existentes, en lugar de recortar directamente los beneficios de los jubilados.
La propuesta ha generado un intenso debate, no solo en Francia, sino también en otros países como España, donde algunos expertos ya ven en este modelo una vía interesante a considerar. En especial, si se plantea la eliminación progresiva de ventajas gratuitas como los viajes del Imserso, el transporte público sin coste o los descuentos especiales para mayores.
De la edad a los recursos
La ministra de Hacienda francesa, Amélie de Montchalin, ha dejado claro que el debate no debe girar únicamente en torno a la edad de los contribuyentes, sino también a su capacidad económica. En sus palabras, "no se puede pretender que los activos contribuyan de forma indefinida a financiar los nuevos gastos sociales por el envejecimiento".
Esta nueva filosofía busca modificar el esquema de contribuciones fiscales, eliminando ciertos privilegios de los pensionistas, como la deducción del 10% de sus pensiones en concepto de gastos profesionales. Hasta ahora, esta deducción estaba equiparada a la que disfrutan los trabajadores en activo, aunque evidentemente los jubilados no incurrieran en tales gastos.
Eliminar esta exención no sólo sería una medida de equidad fiscal, sino también una forma de reforzar el sistema social sin cargar aún más a los trabajadores activos.
Nuevos impuestos para altos ingresos y lucha contra la evasión
En paralelo, Montchalin ha anunciado la intención de dar continuidad a la denominada "contribución excepcional para los altos ingresos". Este tributo afecta a quienes perciben más de 250.000 euros anuales y varía entre el 3% y el 4%. La idea es que este tipo de figuras fiscales ayuden a compensar el creciente coste del envejecimiento poblacional, sin desalentar la inversión o la creación de empresas.
La lucha contra el fraude fiscal se sitúa también como un pilar esencial para mejorar la financiación del modelo social francés. Se espera, por ejemplo, intensificar los controles sobre las bajas médicas, cuyo coste ha aumentado un 25% desde 2021. De esta manera, el Gobierno francés planea recuperar unos 15.000 millones de euros en 2026, superando los más de 13.000 millones obtenidos en 2024.
Revisar las exenciones fiscales para sanear las cuentas
El ministro de Economía, Éric Lombard, ha recordado que Francia necesita reducir su déficit al 4,6% del PIB en 2026. Para lograrlo, se deberán recortar gastos por unos 40.000 millones de euros. Parte de esta estrategia consiste en revisar y suprimir al menos 50 de las 467 exenciones fiscales actualmente en vigor, que representan una pérdida de ingresos de unos 84.000 millones de euros.
Montchalin ha enfatizado que muchas de estas exenciones ya no se justifican o bien favorecen de manera desproporcionada a ciertos colectivos, incluidos los pensionistas. Así, suprimirlas permitirá un sistema más justo y equilibrado, donde los que tienen más capacidad económica contribuyan de forma proporcional a la financiación del modelo social.
El transporte sanitario y otros gastos bajo la lupa
Un área clave de revisión será el transporte sanitario, cuyo gasto anual alcanza ya los 7.000 millones de euros. El objetivo será optimizar el uso de estos servicios, evitando abusos y mejorando la eficiencia del sistema.
Montchalin también ha puesto sobre la mesa la necesidad de modernizar los controles sobre las bajas laborales, así como otros ámbitos del gasto social que están creciendo a ritmos insostenibles. La idea es garantizar que cada euro gastado tenga un impacto real y que no se financien servicios o ayudas cuya necesidad real haya desaparecido con el tiempo.
¿Un modelo a seguir para España?
El enfoque francés podría ser una referencia interesante para España, donde el envejecimiento demográfico también representa un desafío creciente para las finanzas públicas. A diferencia de otras propuestas que implican recortes directos en las pensiones, la vía francesa apuesta por revisar los privilegios fiscales y subvenciones que disfrutan los mayores.
En España, medidas como el transporte público gratuito, el acceso a programas turísticos subvencionados como el Imserso o los descuentos en precios oficiales son ejemplos de ventajas que, si bien tienen un impacto social positivo, también suponen un gasto considerable para las arcas públicas. Eliminar o modular estas ventajas en función de la capacidad económica del beneficiario podría abrir una vía de ahorro significativa, sin afectar la pensión básica.
Una mini-reforma que podría sentar precedentes
Aunque se trata de una mini-reforma en Francia, su contenido es profundamente estratégico. Más allá de los cambios fiscales inmediatos, introduce un debate de fondo sobre la justicia intergeneracional y el papel de los recursos individuales en la financiación del bienestar colectivo.
No se plantea reducir las pensiones, sino que se busca garantizar su sostenibilidad mediante un ajuste de las cargas fiscales, haciendo que quienes tienen mayores recursos contribuyan en mayor medida. Además, se refuerza la idea de que el sistema social debe ser sostenido de manera equitativa, evitando que toda la carga recaiga en las generaciones activas. ¿Servirá como ejemplo para España?