No hay duda de que España atraviesa un momento delicado en lo que respecta a su sistema de Seguridad Social. Mientras las pensiones continúan siendo uno de los principales desafíos financieros del país, un segundo frente no deja de ganar protagonismo: el incremento acelerado de las bajas laborales por enfermedad o accidente no laboral.
Esta tendencia, lejos de frenarse, sigue marcando récords año tras año, lo que genera un fuerte impacto tanto en el gasto público como en la productividad de las empresas.
A este fenómeno se suma una realidad que no puede ignorarse: el colapso de las citas en la sanidad pública. La dificultad para acceder a pruebas diagnósticas o a tratamientos en tiempos razonables está provocando que muchas bajas se alarguen más de lo necesario, multiplicando el coste económico para el Estado y el tejido empresarial.
El problema de las bajas laborales se ha convertido en una cuestión urgente que va más allá del debate sanitario y laboral: es también un reto estructural.
El aumento histórico de las bajas laborales
Según los últimos datos publicados por la Seguridad Social, la tasa media de bajas laborales por contingencias comunes alcanzó en 2024 un nuevo máximo histórico: 53,3 por cada 1.000 asalariados.
En el caso de los trabajadores autónomos, la cifra se sitúa en 39,8 por cada 1.000, lo que refleja una evolución alarmante. El fenómeno ya acumula cuatro años consecutivos de subida, sin indicios de estabilización.
El informe Evolución de los Indicadores de Absentismo Laboral por ITCC elaborado por Asedas y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) ofrece una radiografía aún más precisa. En total, durante 2024 se produjeron 8.716.663 procesos de incapacidad temporal no laboral.
Esto ha supuesto un gasto superior a los 28.987 millones de euros, considerando tanto las prestaciones económicas de la Seguridad Social como el impacto directo sobre las empresas, que deben asumir parte de la retribución durante los primeros días de baja.
El envejecimiento de la fuerza laboral
Una de las causas más evidentes de este aumento es el envejecimiento de la población activa. Más del 35% de los trabajadores en España tiene 50 años o más, y este porcentaje sigue creciendo. Según estudios recientes, el tramo de edad que comprende de los 50 a los 60 años ha crecido un 169% desde 2002, mientras que los jóvenes entre 16 y 34 años han disminuido considerablemente.
Esta realidad demográfica repercute directamente en la salud de los trabajadores y, por tanto, en la incidencia de las bajas laborales.
Los datos recogidos por las mutuas indican que más de la mitad de las bajas se producen en trabajadores de entre 31 y 51 años. Esta franja de edad, lejos de ser marginal, constituye el núcleo de la fuerza productiva del país. Cuando este grupo se ve afectado por una incapacidad temporal, las consecuencias se multiplican: tanto desde el punto de vista económico como desde la organización del trabajo en las empresas.
El papel de la sanidad pública en el alargamiento de las bajas
El colapso en la sanidad pública es otro factor clave que está agravando el problema. Las listas de espera para cirugías, pruebas diagnósticas o visitas a especialistas alcanzan cifras preocupantes.
En diciembre de 2023, según datos del Ministerio de Sanidad, había 849.535 personas esperando una operación, con un tiempo medio de 128 días. Esta cifra dobla prácticamente el tiempo de espera registrado en 2003.
Esta situación impacta directamente en la duración de las bajas laborales, ya que muchos trabajadores no pueden recibir el diagnóstico o tratamiento necesario en un plazo razonable. En consecuencia, las incapacidades se prolongan, generando mayores gastos para la Seguridad Social y para las empresas, que deben mantener la actividad con recursos reducidos.
La media de duración de las bajas
Tras el máximo histórico alcanzado por las bajas laborales en 2024, surge una cuestión de vital importancia: la urgencia de actuar sobre los factores que están alargando innecesariamente las bajas, especialmente cuando existen alternativas viables para acortar esos plazos.
Ante este panorama, se han reforzado las medidas de colaboración entre la Seguridad Social y las mutuas, especialmente en lo relativo a las bajas laborales por patologías traumatológicas. En estos casos, las mutuas tienen capacidad para agilizar pruebas, tratamientos y procesos de rehabilitación, acortando así los tiempos de recuperación.
Este modelo no solo mejora la atención al paciente, sino que también alivia la presión sobre la sanidad pública. Además, permite reducir considerablemente los días de baja, con el consiguiente ahorro para la Seguridad Social y un impacto positivo en la continuidad operativa de las empresas.
A pesar de las críticas que suscita el uso de recursos privados en ámbitos públicos, lo cierto es que la colaboración ha demostrado ser eficaz en determinados contextos.
El absentismo es una amenaza silenciosa
El auge de las bajas laborales también plantea un desafío para las propias empresas. El absentismo, entendido como la no presencia en el puesto de trabajo por causas médicas justificadas, está alcanzando niveles que comprometen seriamente la productividad. Muchas compañías se ven obligadas a reorganizar turnos, contratar personal temporal o asumir una carga de trabajo desigual, lo que repercute en la eficiencia y la motivación del equipo.
Este impacto, aunque menos visible que el gasto público, tiene consecuencias económicas significativas. La gestión inadecuada del absentismo puede derivar en un aumento de los errores, retrasos en los proyectos e incluso una peor atención al cliente. Por tanto, abordar este fenómeno debe formar parte de cualquier estrategia empresarial a medio y largo plazo. No hay más.