En las últimas semanas hemos asistido cómo el Gobierno del PSOE ha estado abusando de la fórmula Real-Decreto en el Consejo de Ministros celebrado los viernes. De ahí nace la etiqueta de los "viernes sociales", con unas medidas claramente orientadas a la concesión de ciertos derechos con impacto presupuestario.
Esas medidas de gasto público se integraban previamente en los Presupuestos Generales del Estado que no fueron aprobadas por las Cortes. Lo que se ha estado haciendo es descomponer el Presupuesto e impulsar las partidas de gasto antes de finiquitar la legislatura y poder ofrecer "algo" como acción de Gobierno.
La AiReF cifra en 920 millones la factura de los viernes sociales
La batería de medidas estaban valoradas en los Presupuestos Generales del Estado por un importe total de 1.633 millones de euros. El sindicato de técnicos de hacienda, AiReF, redujo el impacto de todas estas medidas en 200 millones en 2019, debido a que la entrada en vigor se había dilatado hasta el segundo trimestre del presente ejercicio.
En total, el importe estimado de los viernes sociales es de 920 millones al no haberse desarrollado la medida de mejora de la dependencia que hubiera tenido un impacto presupuestario de 500 millones de euros según se incluía en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado.
Si vamos medida a medida, las cuotas a la Seguridad Social de los cuidadores adquieren un impacto presupuestario de 315 millones de euros, en la misma línea que valoraba el gobierno en sus PGE, siendo la medida más costosa impulsada en los "viernes sociales".
Seguidamente la recuperación del subsidio para mayores de 52 años tendría un impacto de 242 millones (81 millones menos que lo presupuestado en los PGE19) y el permiso de paternidad de 5 a 8 semanas nos costaría 225 millones (75 millones menos que lo presupuestado). Y, el ingreso mínimo vital estaría vinculado a un coste de 138 millones (41 millones menos).
El Gobierno no da nada que previamente no haya quitado
El año pasado, cerramos con un déficit en el total de las Administraciones Públicas del 2,6%, siendo la Administración Central y la Seguridad Social los impulsores de este desequilibrio presupuestario. Para este año, el objetivo déficit está planteado en el 1,30%, lo que implicaría que la Administración Central debería dirigirse hacia un déficit 0,3% y la Seguridad Social al 0,9%
Nos encontramos ante un contexto de presupuestos prorrogados y un Gobierno que mediante Reales Decretos ha impulsado el incremento de los gastos. En consecuencia, la AiReF está proyectando que la Administración Central alcanzará un déficit del 1% (a siete décimas del objetivo) y la Seguridad Social tendrá un déficit del 1,4% (a cinco décimas del objetivo). Por ello, concluye la AIReF, que se incumplirá el objetivo de déficit alcanzando finalmente un 2,1% frente al objetivo del 1,3% para este año para el conjunto de las Administraciones Públicas.
Muchos son los que pueden valorar positivamente la creación de nuevos derechos por parte de cualquier Gobierno. Pero no debemos olvidar que todo derecho está vinculado a la creación simultánea de una obligación que recaiga sobre un grupo específico... El Gobierno no da nada que previamente no haya quitado.
Lo peor de todo es que cuando se establecen nuevos derechos con un impacto presupuestario sin una contrapartida de obligaciones asignadas, esos derechos se financian mediante deuda, es decir, comprometer las rentas futuras de los ciudadanos para proporcionar utilidad presente... Estamos utilizando la tarjeta de crédito para seguir manteniendo (o incrementando) el tren de vida.
No aprobar los presupuestos del PSOE ha sido positivo para el déficit.
Estamos en el terreno de la deuda... Pero podría ser peor. La AIReF valora positivamente la no aprobación de los Presupuestos de Sánchez ya que sino el déficit aún sería mayor. "La mejora del saldo se produce por ser precisamente este subsector (Administración Central) el que concentra los efectos de la no aprobación de los PGE, lo que ha supuesto una modificación sustancial a la baja de sus previsiones de ingresos y, en mayor medida, de las de gastos".
Si bien es cierto que el Gobierno ha conseguido impulsar medidas de ingresos en los fondos de la Seguridad Social, las medidas tributarias referidas a Administración Central no han podido salir adelante. Eso significa que el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales o el Impuesto sobre Transacciones Financieras finalmente fueron derribadas en su tramitación. Del mismo modo que las modificaciones en el impuesto de sociedades, el IRPF, el IVA y el impuesto sobre hidrocarburos.
Por la parte de los gastos el plan presupuestario que había valorado la AIReF, se dibujaba un escenario de un mayor gasto cuantificada en 5.250 millones. Debido a que se encuentran en vigor medidas con un impacto estimado de 1.508 millones -920 millones de los "viernes sociales" y 588 millones pertenecientes a la revalorización de las pensiones-, los técnicos de Hacienda pueden ser ligeramente más positivos frente a las previsiones anteriores.
Los contribuyentes se han librado de unas obligaciones cuantificadas en 3.742 millones de euros en partidas identificadas expresamente el el Presupuesto del PSOE que incluían la Cooperación para el Desarrollo, acciones en favor de los inmigrantes, actuaciones en vivienda, la creación del bono social térmico, subvenciones al transporte y mayores aportaciones para ADIF.