El Govern de Cataluña ha propuesto un nuevo modelo de financiación autonómica propia y singular para su territorio. Con este sistema, esta comunidad autónoma se encargaría de la recaudación del 100% de sus impuestos frente al 9% que es lo que lleva a cabo en la actualidad.
Esta es el plan propuesto por la consejera de Economía de Cataluña, Natalia Mas Guix, con el que prevé aumentar su recaudación hasta 52 millones de euros, cantidad que duplicaría lo que viene obteniendo hasta ahora.
Las razones de la Generalitat para solicitar su independencia fiscal
La consejera considera que es urgente que Cataluña disponga de más recursos para ofrecer las políticas sociales y los servicios básicos que la comunidad necesita. También indica que existen otros regímenes fiscales excepcionales como son las regiones forales o las Islas Canarias. Por todo ello señala que la propuesta presentada es totalmente constitucional.
Otro de los argumentos esgrimidos por Mas Guix ha sido que Cataluña es la tercera comunidad autónoma que más aporta con el sistema actual, pero es la décima en recursos recibidos. Con este sistema, la comunidad autónoma siempre presenta «ese déficit fiscal permanente», que el Govern cifra en un 8,1% de media, o lo que es lo mismo, unos 22 mil millones de euros anuales.
El plan presentado por la consejera se acerca más a un modelo más federalista de gestión de los impuestos. Argumenta que las comunidades autónomas deben contar con mayor independencia fiscal para poder dar respuesta de manera adecuada al principio de ordinalidad.
Con todo este argumentario, ERC ha lanzado su propuesta con la que pretende negociar con el Gobierno de España para reformar de Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) para que recoja la singularidad de Cataluña. De esta manera se produciría la cesión del 100% de lo recaudado en el territorio a la Generalitat.
El plan de ERC y la solidaridad territorial
Una de las cuestiones con las chocas frontalmente la propuesta del Govern de Cataluña es que afecta al principio de solidaridad territorial que viene recogido en el artículo 2 de la Constitución Española. Este principio establece que se debe establecer un equilibrio económico similar en todas las partes del territorio español.
Según la consejera la solidaridad con el resto de España "podía situarse entre el 2% y el 4%" frente al 10% actual. De alcanzarse este pacto, España dejaría de ingresar aproximadamente el 1% de su PIB, siempre que Cataluña logre recaudar lo mismo con la Agència Tributària de Catalunya que la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
Esto podría generar una situación en cadena en el que las regiones más ricas dejaran de aportar a la caja común. Las comunidades autonómicas más desfavorecidas se verían perjudicadas seriamente ya que su población vería como los servicios públicos tendrían menos financiación.
Aunque la autonomía fiscal es algo deseable ya que cada región administraría sus recursos, deben existir baremos de nivelación. El punto de partida es que España se acerca más a un modelo de estado descentralizado que a uno federal como el de Estados Unidos.
El discurso del Govern Catalán mantiene que su capacidad fiscal es mayor y que por eso debería contar con una financiación mayor. Este concepto quiebra completamente el principio de solidaridad territorial que sirve como regulador para conseguir que todos los ciudadanos accedan de igual manera a todos los servicios públicos.
El Ministerio de Hacienda ha hecho publico los datos de las balanzas fiscales para dar a conocer cuál es la situación real de cada una de las comunidades autónomas. Según los datos comunicados a mediados del 2023, Cataluña es la región que más financiación recibe con 13.566 millones de euros hasta mediados del año pasado.
Cataluña aportó 2.967 euros por habitante y recibió 2.664 euros. En términos relativos, esto significa que Catalunya paga un 19,5% más en comparación con la media española, pero recibe un 1,2% menos en 2023. A pesar de cumplir con el principio de solidaridad no existe una gran descompensación entre lo que aporta y lo que recibe.
Existen comunidades que sí están realmente infrafinanciadas como la valenciana. La comisión de expertos que asesora a la Generalitat y a las Cortes Valencianas sobre financiación autonómica ha cifrado en 7.128 millones de euros el dinero que la Comunidad Valenciana debería recibir del Estado, hasta 2027, para equipararse en inversión por habitante al 99% y equipararse con Cataluña.
De llevarse a cabo el plan propuesto por ERC se produciría un quebrantamiento serio del compromiso de solidaridad y los españoles con menos recursos verían como su situación se vería aún más agravada.