Con la globalización el número de multinacionales que operan en muchos países se disparó. Y junto con ello la posiblidad de que estas grandes empresas localizaran sus beneficios donde más les convenía. Es por ello que los distintos Gobiernos del mundo llevan años rebajando el impuesto de sociedades para atraer a estas multinacionales, pero parece que esto está apunto de cambiar.
Janet Yellen, la nueva Secretaria del Tesoro de EEUU, anteriormente Presidenta de la Reserva Federal, ha abogado por fijar un impuesto de sociedades mínimo. Y lo normal es que si EEUU presiona, obtiene lo que quiere.
El acuerdo dentro de la OCDE y los problemas de EEUU
Las negociaciones entre países de la OCDE para fijar un impuesto de sociedades mínimo en todos los países llevan bastante tiempo estancadas. Y algunos países (España, Reino Unido, Turquía, entre otros) han decidido romper la baraja fijando un impuesto a los servicios digitales que sea un porcentaje de la facturación y no del beneficio.
Pero este impuesto se ve con malos ojos desde EEUU porque afecta principalmente a sus empresas de Silicon Valley. Y está respondiendo fijando aranceles a los países que aprueben este tipo de impuestos.
Esta es una situación que no es buena para nadie. Por un lado se estima que las estructuras fiscales de las multinacionales logran ahorrar entre 100.000 y 240.000 millones de dólares al año, por lo que es un pastel muy grande como para ignorarlo. Y por otro lado que haya rivalidad en materia de impuestos y esto implique contestaciones en base a aranceles (guerra comercial) desde luego no es una situación ideal.
La nueva propuesta de Biden
La administración Biden parece dispuesta a atajar este problema. Primero, con una propuesta interna: elevará el impuesto de sociedades del 21% al 28% (en realidad lleva en el 21% muy poco tiempo, fue una rebaja de Trump que se apuntó a la tendencia a rebajar este impuesto para atraer los beneficios). Por otro a gravar los beneficios de las empresas americanas en el extranjero con un 21% en lugar del 10,5% actual.
Esto implica que las empresas americanas que tributan actualmente en Irlanda al 12,5% tendrían que pagar un 8,5% más en EEUU, con lo que la ventaja de Irlanda sobre otros países se disiparía.
La reforma tiene complicado prosperar, ya que el Senado de EEUU en la práctica tiene que aprobar todo con mayoría de 3/5 y actualmente los republicanos no parecen muy partidarios de elevar los impuestos. Aún así puede haber alguna triquiñuela legal para que la votación sea por mayoría simple y entonces ahí Biden podría salirse con la suya.
Armonización global del impuesto de sociedades
Pero la verdadera solución sería una armonización global del impuesto de sociedades. Que la OCDE se ponga de acuerdo en una tasa mínima y en unas normas comunes en lo que es deducible y lo que no. Que deje de haber agujeros para que los países más afectados no tengan que inventarse cosas raras como el impuesto a servicios digitales.
Y un impulso de EEUU podría ser la clave para que haya acuerdo. Tiene mucho poder de negociación, por lo grande de su economía. Y solucionaría la espiral de bajadas de impuestos y excepciones que al final acaban con una factura fiscal menos abultada y con los Estados con problemas para financiar sus servicios públicos.
Pero la armonización no soluciona todo
Sin embargo sigue habiendo un problema con las multinacionales. Incluso si los impuestos son similares en todos los países, las multinacionales siguen teniendo un problema a la hora de localizar los beneficios. Empresas que tienen el I+D en un país, la fabricación en otro y las ventas en un tercero, ¿dónde cargan la parte del beneficio de la venta en dicho tercer país?
Ahora mismo la respuesta normalmente es fiscal. Las empresas crean matrices en países con bajos impuestos y ahí meten la mayoría de los beneficios. Pero si incluso esto no existiera no es una pregunta fácil de responder. Si una empresa lanza un nuevo producto al mercado ese I+D debe representar una parte importante del beneficio de la venta. Pero el país que lo fabrica dirá que lo fundamental es su fabricación. Y el país que lo compra dirá que no, que lo importante es quién lo compra.
Así que incluso con una armonización fiscal seguirá habiendo roces, inspecciones y amenazas de tasas sobre facturación (sobre todo en los paises donde se venden los productos pero que no tienen ni I+D ni fabricación, como muchos en Europa).