La pasada semana conocíamos otra nueva medida electoralista del Gobierno en materia de impuestos que intentaba ganarse a buena parte de la sociedad mediante la introducción de un nuevo tributo a los que muchos consideran culpables de la crisis: los bancos. No obstante, no hacía falta rascar mucho para darse cuenta de que el impuesto no era tal, sino más bien un regalo.
En concreto, el Ejecutivo anunciaba que introducía un gravamen a las entidades con el que pensaba recaudar 419 millones de euros para que éstas puedan mantener a salvo los DTA, es decir, los activos fiscales diferidos, los cuales otorgó en su día a la banca por las fuertes provisiones que había tenido que realizar el sector en lo peor de la crisis económica por su exposición al ladrillo.
No obstante, en 2013 Bruselas anunciaba que, con la nueva legislación, iba a penalizar una serie de activos que tenían las entidades europeas, entre ellos estos DTA, que para la banca española suponen más de 40.000 millones de euros. Por tanto, el Gobierno ha tenido que salir de nuevo en ayuda de los bancos para que puedan salvaguardar estos activos, imponiéndoles una pequeña prestación.
En concreto, los bancos pagarán** un 1,5% anual** del importe total de los DTA contabilizados en el último día de cada periodo impositivo. De este modo, el próximo año, según esta fórmula del Gobierno, los bancos pagarán 419 millones para compensar al resto de contribuyentes por el riesgo que supone que el Estado unos 28.000 millones por los DTA garantizados que tiene actualmente.
Por lo tanto, no podemos de hablar de un impuesto, sino de un salvoconducto para las entidades financieras, que veían estos activos amenazados por la nueva normativa de la UE. De este modo, debemos quitarnos de la cabeza la idea de que el Ejecutivo ha puesto un nuevo gravamen al sector financiero, pues no se trata de tal cosa, sino de puro y simple electoralismo.