Una condena, un escandaloso indulto y un cambio de ley después, el que fuera consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, ha presentado hoy su renuncia. Lo hace después la apertura de un nuevo procedimiento del Banco de España para decidir sobre su futuro y como culminación a uno de los paradigmas de los excesos de la banca española en esta crisis económica.
En 2011 fue condenado en firme por el Tribunal Supremo por un delito de acusación falsa después de autorizar en 1994 en Banesto una querella contra unos empresarios a sabiendas de que éstos no tenían ninguna responsabilidad. Pero no dimitió y el Gobierno de Zapatero, en funciones, dictó su indulto. Un indulto que fue anulado por el propio tribunal hace ahora algo más de dos meses.
Ahora se va, dos años después de que pesara sobre él esa sentencia y tras argucias legales de los dos ejecutivos que han gobernado este país durante este tiempo, y será sustituido por Javier Marín Romano, que hasta ahora ocupaba el cargo de director general de la entidad financiera y era responsable de la división global de seguros, banca privada y gestión de activos.
Pero no lo hace con las manos vacías, ni mucho menos. Lo hace con una pensión de 88,1 millones de euros, unos compromisos adquiridos y reconocidos a lo largo de sus años en la entidad. Una cifra escandalosa en los tiempos que corren que no hace más que convertirse en la guinda de una historia de vergüenza.
Este no es un relevo más en la cúpula de una entidad financiera en nuestro país. Es la culminación de un paradigma: el de los excesos de la banca, uno de los grandes causantes de las dificultades económicas en las que nos encontramos. Dos años condenado por una querella falsa al frente del mayor banco de España y una marcha con una pensión de casi 90 millones de euros debería sonrojar a más de uno.
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