La prohibición no es el camino. Al menos es lo que defiende la Comisión Europea respecto a los servicios de transporte de pasajeros alternativos como Uber y de vehículos compartidos. Así lo ha puesto de manifiesto de nuevo, tras las polémicas declaraciones de su vicepresidenta, Neelie Kroes, hace algo más de un mes.
La posición que defendió Kroes ante la prohibición del servicio de Uber en Bruselas en abril no dejaba lugar a muchas dudas. No sólo se mostró "indignada" sino que insistió en que esta decisión "no responde a la necesidad de proteger a los pasajeros, sino de proteger al cartel de taxi".
Pues hoy, unos meses después, El portavoz comunitario de Agenda Digital, Ryan Heath, ha sido meridianamente claro:
Nadie dice que los conductores de Uber no deban pagar impuestos, respetar las normas y proteger a los consumidores. Pero prohibir Uber no les da la oportunidad de hacer las cosas bien.
Este punto es importante. Es cierto que tratar de parar las innovaciones tecnológicas y empresas que redundan en un mejor servicio a los ciudadanos con normativas restrictivas puede ser contraproducente. Pero también hay que tener en cuenta las 'reglas de juego' de la competencia y la igualdad de condiciones para prestar servicios (tasas, impuestos...).
Por ello, según la lógica de la Comisión, prohibir no debe ser el camino, sino más bien introducir mejoras con las que esa igualdad de condiciones entre todos los actores del sector sea realmente efectiva. Hay quien defiende una regulación fuerte sobre este tipo de empresas (exigiendo pago de licencias y demás tasas) y hay quien no termina de ver claro por qué tiene que estar completamente ordenado un sector de estas características y por qué no se permite a particulares ofrecer estos servicios sin licencia administrativa.
Cada uno deberá posicionarse respecto a una u otra. Pero, hoy por hoy y con servicios como Uber POP, se está en una situación intermedia complicada. Y es que ni existe una desregulación total, en la que ninguno, ni los taxistas actuales ni los nuevos conductores, deba pagar licencias y demás tasas. Ni tampoco hay una regulación rígida por la que éstos deban cumplir con esas obligaciones.
Lo que resulta evidente es que estas nuevas declaraciones provenientes de la Comisión Europea es un espaldarazo más para estos servicios alternativos de transporte. Tomando la palabra al portavoz de Agenda Digital: ahora sólo resta "hacer las cosas bien".
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