Ayer se rubricó el acuerdo marco por el que todas las comunidades autónomas se comprometen a reducir el déficit público mediante un control del gasto hasta el 2013, ahorrando 10.000 millones de euros en este periodo. Este acuerdo se incluye dentro del plan de austeridad pública que pretende reducir 50.000 millones de déficit en los próximos años.
Cualquier acuerdo que incluya un control del gasto es un buen acuerdo, más aún en la situación actual, aunque en este caso, la mesa de control que se ha preparado no ha fijado unas directrices claras de actuación para atajar el gasto público. Inicialmente sólo se han nombrado los siguientes ejes:
- Contención en los salarios públicos
- Restricciones en la contratación
Después de estas líneas maestras, los capítulos que se verán afectados en todas las autonomías serán Educación, Sanidad y Servicios Sociales, según han citado la mayoría de los consejeros de economía de las CCAA. Como es obvio, las principales partidas de gasto de las autonomías se encuentran en estos pilares y cualquier plan serio que se ponga en marcha, implicará el sacrificio y pérdida de bienestar.
El caso es que las CCAA deberían comenzar a replantearse su estructura administrativa también, junto con el desdoble de servicios públicos que se han llevado a cabo en la descentralización autonómica. Valga un ejemplo, Andalucía ha puesto en marcha la Agencia Tributaria Andaluza, como organismo dependiente de la Consejería de Economía para la gestión y recaudación de los impuestos que tiene cedidos.
Creo que llevar a cabo estas cesiones es un error. De acuerdo con el reparto impositivo, para disponer de los fondos públicos no es necesario duplicar las Administraciones Tributarias y toda la gestión, recaudación e inspección tributaria se debería mantener a nivel estatal, en la AEAT.
Si algo funciona bien a día de hoy es la Agencia Tributaria Estatal, tanto en dotación tecnológica como humana (a pesar que Gestha se queje de falta de medios) pero estas descentralizaciones implican mayores gastos que no aportan nada nuevo a la hora de ofrecer un servicio público. Se puede buscar un modelo de transferencias de competencias más equilibrado que elimine duplicidades. Ese debería ser el punto de partida de las próximas reuniones entre autonomías y gobierno central.
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