Si alguno de los lectores del blog no se ha enterado de la existencia de cuentas en Suiza del extesorero del Partido Popular, Luís Bárcenas, es que ha estado viviendo en otra galaxia. Pero más allá de este hecho, que la justicia se encargará de dictaminar (o no) si esos fondos tienen procedencia lícita como afirma la defensa o ilícita y su origen está en la trama Gúrtel, hoy el diario El Mundo se ha desayunado una portada que si finalmente resultara cierta, en España tendríamos un problema de corrupción política a unos niveles impensables.
Hasta ahora, hemos visto todo tipo de pelotazos urbanísticos, hemos visto infinidad de concejales, secretarios de ayuntamientos, corrupciones en altos cargos de la administración autonómica… pero aún no había salpicado ningún caso de corrupción hasta las esferas ministeriales y altos cargos del Gobierno de España. Pagar sobre a la ejecutiva de un partido político, en este caso el Partido Popular, implica tener en nómina a muchos de los sillones que ocupan ahora los diferentes ministerios, los que están tomando las decisiones, los que deciden sobre qué tipo de impuestos pagamos y cómo se asignan los gastos públicos. La corrupción política adquiere ya una nueva dimensión que requiere que se corte de raíz pero aquí nadie mueve un dedo.
La corrupción política implica un delito moral muy difícil de superar por cualquier otro, además de los delitos penales claro; dado que muchos ciudadanos ven cómo están hartos de pagar cada día más impuestos para recibir menores prestaciones públicas. Si en este juego perverso, tenemos a nuestros dirigentes obrando como en los mejores tiempos del franquismo, con los sobres en negro y el compadreo propio de la impunidad que da el poder político, no existe una base lógica que haga que yo pague esos impuestos voluntariamente.
Una sociedad avanzada no puede permitir los flagrantes casos de corrupción que salpican las instituciones, los aparatos de poder y la fuerza legislativa y ejecutiva. El caso es que si imaginamos a Cristóbal Montoro, Soraya Sáenz de Santamaría o cualquier otro cargo público recibiendo un sobre mensual para callar su boca, sólo nos dan ganas de irnos a Barajas y coger el destino más lejano de España. Por ahora, sólo nos podemos confiar con establecer el beneficio de la duda, pero pedir a la vez que la Justicia sea implacable. Pero ¡ay! ingenuo que soy, cuando los mismos que dirimen esa justicia pueden encontrarse también en la nómina del aparato de la corrupción ¿cómo se soluciona este problema que mata a la sociedad y a la economía cada día que pasa? Se admiten sugerencias.
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