El Tribunal Constitucional ha avalado hoy los planes de la Comunidad de Madrid de privatizar el 49% del Canal de Isabel II, planes que quizá no se lleven a cabo debido a que en la legislatura que comenzará en breve los dirigentes de esta Comunidad serán otros (quizá del mismo partido pero otros).
La privatización, por tanto, es legal. Pero que sea legal no quiere decir que sirva para algo. ¿Qué logramos con ello? Desde aquí he defendido la privatización de algunas compañías como Loterías y criticado otras como AENA. En el caso del Canal no le veo mucho sentido, la verdad.
Monopolio y servicio básico
Lo primero, las empresas de agua proporcionan un servicio básico esencial. Sólo por eso deberíamos tener un poco de cuidado. Segundo, por su naturaleza el servicio es monopolístico: las infraestructuras necesarias para abastecer de agua hacen que sea así.
¿Cuál es la mejor fórmula para proveer un servicio básico esencial monopolístico? Pues o bien una empresa o organismo público o bien una empresa privada a título de concesión, para que haya un proceso competitivo a la hora de gestionar dicha concesión por los años que sea (pagando dinero a la concesión si el servicio es deficitario o al revés si se espera tener beneficios).
Ahora mismo tenemos una empresa pública ofreciendo este servicio. La alternativa sería que el servicio lo prestara una empresa privada en concesión. Lo que pretendía la Comunidad de Madrid no tiene ningún sentido.
El problema que tiene Madrid es que en los próximos años hay que hacer inversiones en este ámbito muy fuertes. Y en su día decidieron que vendiendo el 49% se podrían financiar dichos servicios. Lo cuál no tiene mucha lógica. Si es rentable lo normal sería endeudar dicha empresa para acometer las inversiones. Si la deuda fuera insostenible tampoco lo es la inversión...
El problema es que en los últimos años la deuda pública se ha visto tensionada mucho y endudar empresas públicas no era posible. Pero venderlas tampoco es la solución ya que estamos hablando de un servicio básico esencial. Si hay un problema de deuda lo que hay que hacer es equilibrar el presupuesto por otros lados, por servicios no esenciales. Privatizar un servicio básico esencial monopolístico no tiene sentido.
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