Desde el año pasado, tenemos en vigor la ley 23/2011 del depósito legal, ley que emplaza a un desarrollo reglamentario posterior y que justamente ahora, este reglamento se encuentra en fase de información pública.
El motivo de traer a colación este reglamento, es el cambio que se genera en el depósito legal, dado que desde la aprobación de la ley del depósito legal, se hace extensible a las webs la obligatoriedad de practicar el depósito de sus contenidos digitales, una vez se haya aprobado el reglamento. En principio, el trámite de realizar el depósito legal, es un trámite gratuito, pero es una carga burocrática más para todos los que realizan una comunicación pública de sus obras, hasta el punto que no se distingue en la propia ley a las personas físicas normales de la actividad mercantil que se pueda desarrollar en la web como es este mismo blog.
Aunque este trámite inicial de la obtención del depósito legal sea gratuita, me da cierto repelús la carga burocrática que acarrea para todas las empresas, porque sea más sencillo o complejo, es una carga más, genera un procedimiento sancionador importante si no se cumple el depósito legal de los contenidos y no quita que, lo que hoy es un imperativo legal gratuito, mañana acabe con una tasa.
Está claro que este Gobierno se arroga la capacidad de la defensa del patrimonio cultural español, esté producido por quién esté y que antes o después, esta historia del depósito legal va a terminar costándonos la pasta a todos, bien por tasazo posterior, bien por sanciones administrativas por no cumplir esta norma de dudosa efectividad y eficacia.
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