El parlamento de España ayer aprobó la Ley General de la Comunicación Audiovisual que, aparte de exigir herramientas para permitir los controles parentales, prohibir la pornografía en abierto y limitar la publicidad, exige que las operadoras privadas invertan el 5% de sus ingresos en cine europeo y series de televisión, mientras que para las empresas públicas del sector, esta obligación es del 6%. Siempre utilizan invertir cuando quieren decir gastar.
Otro sector con las perspectivas de cobrar por orden del Estado, como hemos visto muchas veces desde que estalló la crisis con el gran despilfarro. No hablo de un sector nuevo en la cola, ya que el sector audiovisual ha estado en la cola chupando desde mucho antes de que estalló la crisis.
Con esta decisión, vemos dos elementos que llaman la atención.
Primero, no sólo quieren despilfarrar, pero han privatizado el despilfarro, dirigiendo a las empresas privadas del sector a que gasten (disculpa, inviertan) una parte de sus ingresos en proyectos que deberían buscarse la vida solos y que se financiarían en el mercado privado si fueran justificables.
Segundo, con esta decisión, el gobierno ha elegido otro sector donde piensan que ellos saben mejor que el sector privado cómo hacerlo y cuándo y cuánto invertir. No es la primera vez que critico a los gobiernos por intrometerse en decisiones empresariales que deberian ser privadas, como si políticos y funcionarios pueden tomar estas decisiones de cómo gastar dinero ajeno mejor que los que deciden cómo gastar su propio dinero.
Mi anterior artículo sobre el tema fue que el gobierno español se ha convertido en asesor financiero, pues parece que ahora se ha convertido en productor audiovisual.
La pregunta del artículo anterior también sigue válida para este sector, ¿seremos los ciudadanos participantes de estos nuevos proyectos para beneficiarnos de la subida de su valor y de los beneficios generdos si esos proyectos salen adelante?
Vía | 20 Minutos
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