En España, a diferencia de otros países europeos, la cultura del alquiler no termina de afianzarse en nuestra sociedad. Mientras que en nuestro país el mercado del alquiler sólo representa el 17 % frente al 83 % del de la propiedad, en Europa el 38 % de la población opta por alquilar en lugar de comprar una vivienda. El concepto de vivienda en propiedad ha arraigado mucho en nuestra forma de ser y como consecuencia de ello, en los últimos años cocinamos una burbuja inmobiliaria de proporciones desorbitadas y de la que aún sufrimos sus consecuencias.
Sin embargo, parece ser que el Gobierno quiere acabar con esto fomentando el alquiler entre la ciudadanía, o al menos así se desprende de las declaraciones de Ana Pastor, ministra de Fomento, tras el Consejo de Ministros de hoy. No obstante, me choca bastante la fórmula elegida para conseguir tal fin: endurecer el acceso a las ayudas. Hasta ahora, para poder ser beneficiario de estas ayudas el cálculo de la renta familiar se hacía sobre los ingresos del contrato de arrendamiento. Sin embargo, la nueva Ley de Fomento del Alquiler se basará en la denominada renta de la "unidad de convivencia", esto es, en la renta global de todos los ocupantes de la vivienda con ingresos. Además, se establece un límite de 600 euros en el precio del alquiler de la vivienda para poder recibir el subsidio y se reduce la ayuda anual a 2.400 euros, frente a los 3.200 anteriores.
Por otra parte, me preocupa bastante ese afán encubierto del Gobierno por reactivar el sector de la construcción a través del nuevo Plan Estatal de Viviendas 2013-2016. A lo mejor peco de mal pensado, pero me da en la nariz que lo que aquí se pretende es servir en bandeja un jugoso caramelo a la iniciativa privada vinculada al ladrillo para hacerla renacer de sus cenizas con cargo al bolsillo de los contribuyentes. Pero esto, queridos comentaristas, da para otro artículo completo.
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