El ejecutivo ha presentado las líneas del Plan de Infraestructuras y Trasportes para el próximo bienio anunciando una partida de inversión de 17.000 millones de euros. Este plan se destinará a redes ferroviarías en un 70%, sobre todo Alta Velocidad y el resto, a infraestructuras.
El reparto de los 17.000 millones se balancea dedicando un 65% (11.000 M€) a nuevas infraestructuras y el 35% (6.000 M€) a mantenimiento de infraestructuras existentes. La principal novedad del plan radica en la financiación inicial de los proyectos y en las consecuencias posteriores de este mismo plan financiero.
Dado que nos encontramos sin un solo euro, el camino puente para financiar las nuevas infraestructuras necesita apoyarse en la financiación privada por parte de las empresas concesionarias, aportando al menos un 20% del coste total de la inversión en efectivo y el 80% restante con el apoyo del sector financiero.
El sector financiero no exigirá avales para la financiación de la obra, y a partir del 2012, el coste de las infraestructuras se reparte estableciendo un canon (lo paga el Estado) por el uso de las mismas. Este canon se pagará cuando la infraestructura comience a operar y se realizará en 25 o 30 años a la empresa concesionaria.
Con lo cual, si en lugar de financiar la Alta Velocidad el Ministerio de Fomento, lo hace ADIF, a efectos económicos estamos en las mismas; no deja de ser dinero público lo que está en juego, aunque como Eurostat no computa esta deuda como pública, no hay problema, al menos hasta que Bruselas se lea la letra pequeña del plan presentado.
En el caso de carreteras y autovías, en la que el paganini es la constructora, lo que se va a hacer es transferir el riesgo íntegro de la construcción a la empresa concesionaria. Y seguimos en las mismas circunstancias. El Estado asume un compromiso de pago futuro que no deja de ser un riesgo intrínseco materializable a medio plazo para las arcas públicas. Aunque no contabilice como déficit actual, se transformará en déficit a la vuelta de unos años.
Y la artimaña de los 6.000 millones de euros destinados a mantenimiento son para nota ¿cómo se difiere 25 años un gasto que se tiene que aplicar en el ejercicio? Ahí Pepe Blanco podía explicar mejor cómo articula el sistema de financiación privada para que no compute como déficit, porque por más vueltas que le doy, es imposible.
Lógicamente, no dejamos de gastar dinero, si no de manera directa, mediante la emisión de deuda pública o partidas que salgan de los Presupuestos Generales, se está creando un modelo de pago futuro que hay que tener en cuenta a efectos de la deuda pública.
No quita en todo este tejemaneje, que este proceso financiero encarece sustancialmente los costes de ejecución de las obras, dado que los bancos tienen la mala costumbre de cobrar intereses y a un coste superior que se hace por parte de las emisiones de deuda pública.
Si queremos engañar a Europa con las cuentas nos estamos tomando muchas molestias e insisto, dudo que Bruselas vea con buenos ojos esta artimaña financiera.
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