Dentro de todo el núcleo de reformas internas que está llevando a cabo en Grecia, las reformas que se van a imponer en materia fiscal no deben pasar desapercibidas. Estas reformas quieren atajar la gran bolsa de economía sumergida que tiene dicho pais dentro de las empresas y los profesionales independientes.
Parece ser que en Grecia, las emisiones de las facturas se quedan en la teoría y rara vez llegan a la práctica. Para combatir contra esta medida, el gobierno griego va a solicitar justificación de los gastos anuales en su declaración de la renta a los consumidores finales y no a los empresarios ¿cómo se va a hacer esto? Mediante la presentación de facturas por parte de los consumidores y quién no tenga facturas, sanción al canto.
En el pais heleno, un contribuyente que tenga una renta de 12.000 euros, debe presentar facturas por importe del 10% de sus ingresos. A mayores, ingresos, más necesidad de justificación de dichos gastos, alcanzando el 30% de la renta disponible en facturas para ingresos superiores.
Dentro de las facturas de gastos que se computan no se pueden considerar actividades que están relativamente bien fiscalizadas como son suministros de teléfonos, energía o billetes de avión. Las facturas válidas son taxis, profesionales liberales y pymes, por ejemplo. Si no se alcanza el cupo de gasto justificado, se sancionará a los contribuyentes que no dispongan de dicha justificación documental.
Me queda la duda de los casos que realmente no se incurra en el gasto. Es decir, si yo justifico la distribución de gasto de mi renta disponible en otros menesteres, por ejemplo ropa, alimentación, servicios básicos en vivienda e hipoteca pero no argumento que haya necesitado los servicios de un fontanero o no haya utilizado taxis, no alcanzo a comprender porqué se me puede sancionar.
Este tipo de reformas fiscalizadoras del gasto final son el camino que al fin y al cabo quieren perseguir todos los gobiernos, unos mediante medidas fiscales de difícil cumplimiento y dudosa efectividad fiscal. En el caso de Grecia mediante el control del gasto, en España, mediante el control de los movimientos de dinero.
No obstante, el planteamiento final al que se debe llegar es ¿Queremos que Hacienda controle el total de nuestra renta disponible? Si es así, recordemos que hay que legalizar gran parte de la economía sumergida, porque si no, las diferencias van a ser abismales. ¿Qué opinais vosotros? Por mi perte, sólo me lleva a firmar que estas medidas son totalmente inefectivas para las rentas generadas de manera opaca a la hacienda pública, con lo cual, sólo afectan a aquellos ciudadanos que tienen perfectamente identificados todos sus fuentes de renta.
Víe | El Pais
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