La Ley de Transparencia y Buen Gobierno debería aprobarse a lo largo de este junto a la reforma del Código Penal. En ella, se pretende imponer sanciones a aquellos políticos que no cumplan con el déficit y endeudamiento fijados por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, así como a aquellos que comprometan gastos o asuman obligaciones sin tener el crédito suficiente para su financiación y a los que no contabilicen adecuadamente sus facturas.
Además, el Gobierno está estudiando incluir en esta ley penas similares a la malversación de caudales públicos para aquellos malos gestores que despilfarren recursos públicos. Con ello, se tipificarían en el Código Penal infracciones para castigar a aquellos políticos que gasten más de lo razonable e hipotequen el futuro de varias generaciones por su mala gestión.
De aprobarse finalmente estas medidas, los políticos despilfarradores podrían enfrentarse a penas de prisión de entre tres y seis años, así como una inhabilitación temporal en sus labores de seis a diez años. Además, si se demuestra que la malversación ha sido “especialmente grave” e intencionada las penas de cárcel podrían ir de cuatro a ocho años y la inhabilitación sería absoluta.
Del mismo modo, el Gobierno estudia la posibilidad de endurecer las incompatibilidades de los ex-ministros y ex-altos cargos. El objetivo de este endurecimiento sería evitar escándalos como el de la ex-vicepresidenta Elena Salgado, que recientemente se ha incorporado a una filial de Endesa en Chile aprovechando un vacío de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración del Estado que le prohibía fichar por la empresa matriz, pero no por una de sus filiales.
Sea como fuere y críticas aparte, estas reformas deberían marcar el camino para acabar de una vez por todas con la corrupción de la gestión pública . Muchos pueblos, ciudades e incluso comunidades se encuentra asfixiadas por la herencia de políticos irresponsables que han hecho valer aquello de “estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie”. Si seguimos permitiendo esto en un país desarrollado, apaga y vámonos. Los políticos deben responder de sus gestiones de la misma forma que lo hace el gestor de la empresa privada.
Y para muestra un botón. Díganme como es posible que Peleas de Abajo, un pueblo de 274 habitantes perdido en la geografía de Zamora, tenga una deuda con proveedores de 4,6 millones de euros. Este pueblo está condenado a su extinción por la pésima gestión de un ayuntamiento que ha condenado a varias generaciones de sus habitantes. Frontón, jardines y residencias de ancianos de verdadero lujo no se pagan solas. ¿Por qué no embargamos a los responsables de esta orgía de dinero público?
Vía | Expansión
En El Blog Salmón | La corrupción política que no vemos, El negocio de ser ex presidente
Imagen | Images of money