El tiempo pasa y la regulación de la actividad de empresas como Uber se enmaraña aún más. En las últimas semanas se han conocido dos posiciones fundamentales: la de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) y la del Gobierno. La primera presenta un planteamiento llamativo, mientras que la segunda abre la puerta a que no pueda haber una posición común al trasladar la patata caliente a comunidades autónomas y ayuntamientos.
La posición que la CNMC expresó a mediados del mes de julio en un artículo en su blog oficial sorprendió. No por sus argumentos, sino porque éstos chocan con algunos de los planteamientos hechos públicos desde la esfera pública en los últimos meses.
En esa comunicación, insistía en que una "regulación innecesaria o desproporcionada perjudicaría a los consumidores y al interés general, además de suponer un obstáculo a la competencia efectiva". Su propuesta es una ausencia de regulación y en casos que no sea posible, que ésta no se haga para servir a los intereses de un colectivo concreto.
Una posición que es muy similar a la defendida por la vicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie Kroes: "Estoy absolutamente indignada por la decisión de prohibir Uber en Bruselas; no responde a la necesidad de proteger a los pasajeros, sino de proteger al cartel del taxi".
De acuerdo, desde el organismo que regula la competencia en España hay luz verde o, al menos, una posición mucho más abierta. Pero, ¿y desde el Gobierno? Aquí, el Ministerio de Fomento se desentiende y asegura que estos servicios son competencia de las diecisiete comunidades autónomas o, en su defecto, de más de 8.000 ayuntamientos. Algo que si se consulta al propia web del departamento, no queda del todo claro.
Aun dando por bueno el argumento de que no es competente para regular, ese paso dado por Fomento hace que una posición fija y común respecto a este tipo de empresas sea casi una utopía. No es algo excllusivo de España, pues en Alemania las ciudades de Hamburgo y Berlín han decidido, al igual que ha ocurrido en Barcelona, cerrar la puerta a Uber.
La propia Uber reclamaba, tras las duras protestas de los taxistas en junio, un "marco legal" para continuar en España. ¿Quién le pondrá el cascabel al gato?
En El Blog Salmón | Uber y el exceso de regulación
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