El Gobierno de Pedro Sánchez ha recibido la concesión de Bruselas para un mayor margen en los objetivos de déficit público en los próximos años. Esto le permitirá tener mayor capacidad de gasto para el conjunto de las Administraciones Públicas, aunque debe ser aceptado por las Cortes Generales.
Por otra parte se ha aprobado el límite de gasto no financiero del Estado para 2019, que asciende a un total de 125.064 millones de euros. Dos elementos que ponen las bases para elaborar los Presupuestos Generales de 2019.
¿Cómo quedarían los objetivos de déficit?
Para el año 2019 se contempla que el conjunto de las Administraciones Públicas puedan asumir un déficit público máximo cuantificado en 1,8% del PIB, del 1,1% del PIB para 2020 y finalmente, del 0,4% del PIB para 2021.
Anteriormente los objetivos de déficit habían quedado establecidos de la siguiente manera: 1,3% del PIB para 2019, del 0,5% del PIB en 2020 y un superávit presupuestario del 0,1% del PIB en 2021. Por lo tanto, en 2019 se concede un margen de cinco décimas de déficit, para 2020 de seis décimas y de cinco décimas para 2021.
Según ha comentado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el mayor margen se distribuirá principalmente entre las Comunidades Autónomas y la Seguridad Social, que recibirán dos décimas adicionales. Educación, sanidad, servicios sociales y pensiones serán las áreas que se saldrían beneficiadas.
Esto se debe a que por ejemplo, con los objetivos anteriores, las CCAA debían conseguir la estabilidad presupuestaria en 2020 y ahora se facilita margen para 2021. Además, la Seguridad Social debía conseguir la estabilidad presupuestaria en 2021 y para ese año la Seguridad Social ahora tiene un margen de cuatro décimas de déficit.
Sobre el nuevo déficit de la Seguridad Social se desprende una conclusión: No se emprenderá una profunda reforma de las pensiones para cuadrar sus cuentas, sino que le dan, de nuevo, patada adelante al problema a través de la deuda.
¿Y qué hay de la deuda pública sobre el PIB? También hay modificaciones... Si la reducción de esta métrica ya era lenta en los últimos años, ahora será aún más lenta. Recordemos que anteriormente los objetivos deuda eran del 95,2% del PIB para 2019, del 92,4% para 2020 y del 89,1% para 2021. No obstante, en cuanto a los objetivos de deuda pública para el periodo 2019-2021, se han fijado los siguientes: 96,1% del PIB para 2019, del 94,1% para 2020 y del 91,5% para 2021.
El objetivo: Evitar recortes
Según Montero, los nuevos objetivos de estabilidad son una respuesta a las dudas planteadas por la propia Comisión Europea sobre el cumplimiento del déficit que permitirá un “crecimiento sostenible y el impulso a la agenda social”.
En el supuesto de que no se hubiera modificado estos objetivos, el Gobierno afirma que debería haber aplicado un “ajuste drástico” en 2019, estimado en 11.000 millones adicionales. Ello habría generado un impacto negativo sobre la economía, reduciendo el crecimiento del PIB en 0,4 puntos porcentuales del PIB y frenando la creación de empleo.
Cuando se afirma que esos recortes tendrían un impacto negativo en la economía y los puestos de trabajo, en realidad nos están diciendo que hay que seguir cebando la bomba de la deuda para que nada decaiga.
Y es que en el papel queda muy elegante contemplar como el gasto público, como variable del PIB, contribuye positivamente con su incremento al crecimiento del PIB, por lo tanto, a más déficit se podría pensar que habrá más crecimiento económico.
Luego está la realidad en el largo plazo (que le pregunte a Grecia). Hay que emitir deuda para financiar los Presupuestos que soportan el gasto público y también refinanciar los vencimientos. Un Gobierno que pretenda déficits públicos recurrentes y elevados, difícilmente inspirará la confianza de los inversores que acuden a las subastas, por lo que exigirán mayores intereses por esa política de déficits. Por todo ello, un mayor importe al servicio de la deuda no favorece especialmente al crecimiento de la economía y del empleo, más bien lo contrario.
Un error que ya cometió el PP
No es la primera vez que se busca dilatar los objetivos de déficit con Bruselas. El Gobierno de Mariano Rajoy adoptó la misma política que los socialistas y acabó dejando al país con el mayor déficit de toda la UE. La justificación es en ambos casos la misma: Hacer unos presupuestos más sociales. Un eufemismo de comprometer rentas futuras vía deuda para más gastarlo en el presente (ni tan siquiera se dedica a la inversión).
A partir del año 2016 el Gobierno del PP consiguió alcanzar los objetivos de déficit por primera vez durante la crisis, pero porque previamente el Gobierno estaba incumpliendo categóricamente los objetivos pactados y Bruselas mostró flexibilidad para la política presupuestaria española.
Por lo tanto, PSOE y PP están siguiendo la misma política de ampliar el periodo de sus compromisos para ajustar sus presupuestos, y mientras tanto, en el presente, seguir las senda del gasto y la deuda para el conjunto de las Administraciones Públicas.
Esta política se puede llevar a cabo por una razón, unos mercados completamente anestesiados por el BCE que han manipulado toda la curva de rendimientos de la deuda, de manera que, hasta tres años el Tesoro español puede endeudarse a tipos nominales negativos.
Existen grandes incentivos para que esté triunfando la política de gastar y endeudar... Una Europa atemorizada por el auge de los populismos contrarios a la austeridad, una autoridad monetaria que desvirtúa los intereses frente al riesgo país y una memoria colectiva especialmente frágil ¿Alguien recuerda la crisis de deuda soberana?