En diciembre del año pasado, la Unión Europea publicó la primera lista de jurisdicciones fiscales no cooperativas fue acordada por los Ministros de Hacienda de los Estados miembros.
En total, los ministros enumeraron a 17 países por no cumplir con los estándares de buena gobernanza fiscal acordados. Además, 47 países se han comprometido a subsanar las deficiencias de sus sistemas fiscales y a cumplir los criterios exigidos, tras mantener contactos con la UE.
Lo que se persigue con este tipo de listas es someter a diferentes países a determinados criterios de transparencia y fiscalidad a escala mundial y contribuir a prevenir los abusos fiscales a gran escala expuestos en escándalos recientes como los "Paradise Papers".
¿Qué se entiende por un paraíso fiscal?
Los paraísos fiscales existen porque los países generalmente no están obligados a proporcionar información del cliente a las autoridades tributarias extranjeras aunque cuando se producen investigaciones de actividades delictivas, terrorismo u otros comportamientos pueden requerir información financiera determinada.
Los paraísos fiscales deben contar con bancos de buena reputación para atraer a las empresas, y deben existir en regiones con tipos impositivos relativamente bajos. Los clientes con cuentas en paraísos fiscales pueden estar obligados a pagar impuestos en esa región -incluso si no son ciudadanos de ese país o región-, pero si esos impuestos son considerablemente más bajos de lo que el cliente pagaría por esos ingresos en su país de origen, los ahorros pueden ser considerables, especialmente a largo plazo.
Por lo tanto, vemos que la figura del paraíso fiscal siempre esta sometida a comparativa con aquellos países con una normativa financiera que tiende a una mayor regulación y por supuesto, países cuya fiscalidad es más confiscatoria... No puede existir un "paraíso fiscal" si previamente no existe un "infierno fiscal".
Se utilizan paraísos fiscales para ocultar inversiones generadoras de ingresos. La idea es que debido a que el paraíso fiscal no reporta los ingresos del cliente, el cliente puede evitar el pago de impuestos sobre esos ingresos.
Es importante señalar que la idea de un paraíso fiscal -bajos impuestos y alta privacidad financiera- no es ilegal. Lo que es ilegal es no reportar ingresos de cuentas en países extranjeros si la autoridad tributaria del contribuyente requiere que el contribuyente lo haga.
¿Qué países son calificados por la UE como paraísos fiscales?
Los países fueron incluidos en la lista negra si se consideraba que no cumplían las normas internacionales sobre transparencia fiscal y tipos impositivos, y no habían proporcionado suficientes compromisos que cambiaran en los meses previos a la publicación de la lista.
Los 17 países incluidos en la lista negra son: Samoa Americana, Bahrein, Barbados, Granada, Guam, Corea del Sur, Macao, Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Panamá, Santa Lucía, Samoa, Trinidad y Tobago, Túnez y los Emiratos Árabes Unidos.
Por otra parte, los que están en la lista gris prometieron reformar sus estructuras fiscales, que incluyen cambios para asegurar que las empresas no estén utilizando tipos impositivos del 0% para evitar pagar impuestos sobre los beneficios.
Los 47 países que figuran en la lista gris de la UE deben tomar medidas si quieren mantenerse al margen de la lista negra. Estos países tienen uno o dos años, dependiendo de si están clasificados como "en desarrollo" o no, para cumplir con estos requisitos. Veinticuatro jurisdicciones acordaron enmendar regímenes fiscales opacos para este 2018, entre los que se encuentran Andorra, Hong Kong, Liechtenstein, Suiza, Taiwán, Tailandia, Turquía, Uruguay.
La doble vara de medir de la Unión Europea
Hay que entender que los criterios de la UE dependen, en gran medida, de la adhesión de los países a las normas de la OCDE. La mayoría de los países de una renta per capita más reducida están siendo evaluados por su adherencia a las normas en cuyo diseño no tenían voz significativa, por lo que es difícil que se adapten a las "normas de un club" sin pertenecer.
Por lo tanto, las normas de la OCDE son el resultado de procesos políticos entre sus miembros (países ricos) y a menudo reflejan el mínimo común denominador para el acuerdo, en lugar de un análisis intelectualmente más riguroso.
Otro de los problemas reside en una carencia para verificar objetivamente los datos que abre la puerta al mismo tipo de manipulación política que caracterizaba a las listas anteriores. De hecho, se ha filtrado que el Reino Unido había bloqueado la notificación de 12 de las 53 jurisdicciones de que corrían el riesgo de ser incluidas en la lista negra, cediendo cuando el lanzamiento de los "Paradaise Papers" era inminente.
La manipulación política la podemos ver de manera clara en diferentes países. Por ejemplo, la negativa de los Estados Unidos a cooperar con medidas clave de transparencia financiera, y su posición en la tercera posición del Índice del Secreto Financiero (FSI por sus siglas en inglés) deberían ser criterios justificados para incluirlo en la lista.
Otro de los síntomas de la manipulación política reside en que la lista negra no considera a los Estados miembros de la UE, a pesar de que varios de ellos son comúnmente identificados como una de las mayores jurisdicciones para los beneficios de las empresas a nivel mundial como son los Países Bajos, Luxemburgo e Irlanda.