Quizás es pecar de petulante el desear que se acuerden de uno. Quizás. Pero lo cierto es que hace un tiempo escribía aquí. O sea que posiblemente alguno me recuerde. Seguramente para mal, irritado por alguna soflama políticamente incorrecta. Esos habrán descansado. Pero, como mala hierba nunca muere, me temo que he regresado. Eso si, en dosis semanales, en forma de ¿columna? Supongo que de este modo la mayoría bienpensante podrá evitarme con facilidad y sólo aquellas minoritarias mentes enrevesadas encontraran un plato de su gusto en tamaño kingsize. Bon apetit.
Para inaugurar este espacio, y dada mi absoluta falta de imaginación, que mejor que empezar con un clásico. O mejor dicho, con la pregunta clásica de la economía, que no es otra que la famosa ¿Qué hay de lo mío? De la misma tenemos incontables versiones, pero quedémonos en esta ocasión con la reclamación de un canon de capitalidad de 10 millones de euros para Vitoria, por parte de Javier Maroto, portavoz del PP en el ayuntamiento de la capital vasca.
Cabe preguntarse cuál es la justificación para dicha petición. Lo cierto es que en el blog del PP vitoriano no acabo de encontrarla. Ni siquiera en el cruce de comunicaciones periodística. Apenas puedo hallar un rastro de victimismo, y y ni un mínimo fundamento que ampare dicha demanda, ni mucho menos una cuantificación de la misma. En resumen, que el PP de Vitoria cree que la capital necesita ese dinero para no estar discriminada con respecto de las otras capitales vascas y que el destino del mismo sería la promoción de la ciudad y las infraestructuras.
Y sin embargo la queja no es nueva. De hecho, el PSOE, que ostenta la alcaldía ya propuso el tema del canon en el pasado. Y, si observamos lo que ocurre en el resto de España, existe una permanente reclamación de estatutos de capitalidad por parte de las ciudades que detentan dicha condición en cada Comunidad Autónoma. El razonamiento, algo más elaborado que el y yo más del canon vitoriano, parte siempre del hecho diferencial de la condición de la capitalidad y del coste que para las arcas municipales supone asumir dicha condición, así como el ejercer las competencias especificas propias dicho estatus.
Lo que me llama la atención es que, ante la vorágine de las demandas capitalinas, apenas se oigan voces, desde ningún partido, que planten otro punto de vista. El punto de vista del hecho diferencial que supone para un municipio no ser capital. O el agravio comparativo que supone para un ciudadano que su localidad no lo sea. Siendo sinceros, ya me gustaría ver estudios que concretasen cual es el verdadero efecto que para las arcas municipales de Madrid, Barcelona o Vitoria supone el ser capitales. ¿Alguien cree que esas ciudades no gozan de una mayor prosperidad económica de la que tendrían de no ser así? Su condición ejerce como motor tractor para Administraciones y empresas, y estas a su vez implican gente, vehículos, construcción. Y por tanto dinero, mucho dinero, en forma de las distintas figuras fiscales y parafiscales de las que disponen las haciendas municipales.
El problema, me parece a mi, es más bien otro. Hace tiempo que muchos señalamos que las primeras victimas públicas de la crisis serían ayuntamientos y comunidades autónomas. Por ese orden. Han creado enormes estructuras de gasto fijo, maquinarias clientelares, sostenidas en el despelleje del sector inmobiliario, que invadían competencias que no les eran propias. Y ahora el chiringuito se les cae. Hay declaraciones, como las del máximo representante de la Federación Española de Municipios, que son impresentables: haz todo lo que debas y debe todo lo que hagas. Claro que días después se acabo de coronar con otra aún más divertida: que nadie dude que los ayuntamientos siempre pagan. Estas afirmaciones son convenientemente secundadas por otros conmilitones como Belloch, impasible el ademán.
Ser capital no es un problema. Lo es tener estos alcaldes. Lo es tener esa oposición municipal. Y si creen estar en lo cierto, si creen de verdad que por el hecho de ser la sede de las máximas instituciones comunitarias resultan perjudicadas, lo que deben proponer es su renuncia. A no ser que crean que es justo lo contrario. Que es lo más beneficioso para sus votantes, para su municipio, y desde luego para ellos como profesionales de la cosa pública.
Ya puestos, y desde mi condición de ciudadano no residente en ninguna capital de provincia, propongo que salgan a concurso público todas las capitalidades autonómicas correspondientes, con sus sedes administrativas correspondientes, con sus organismos autónomos, etc. Que pujen los municipios de la región. Y si, que haya un canon, pero un canon a pagar, que nos compensen a los demás.
En El Blog Salmón | La crisis afecta a los ayuntamientos, ¿o no?, Los ayuntamientos necesitan un plan de control de gasto público
Más información | Cienladrillos, El blog de esPublico
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