Tenemos una Administración que no nos la podemos permitir. Y cuando hablo de Administración, de Estado, me refiero desde el Gobierno central hasta el último Ayuntamiento. Toda ella debe ser reconvertida como lo han sido otros muchos sectores en la Historia de nuestra economía. Pero aunque toda ella esté en solfa., la cuestión más urgente, debido a la confluencia de un ingresos famélicos y unos gastos desbocados es, en mi opinión la reforma municipal. Así que vamos a apuntar algunas soluciones posibles, algunas recetas para ayuntamientos quebrados.
Para ello, voy a partir de un artículo de Manuel Pimentel en esPublico, comentando las medidas que propone y complementándolas con algunas más.Los comentarios son vuestros para que vayais añadiendo aquellas otras alternativas que estiméis oportunas. Así que, sin más dilación, vamos con ellas:
- Reforzar el papel, el carácter de cuerpo nacional, de secretarios e interventores municipales, para que puedan servir de contrapeso a la alegría presupuestaria de los políticos., siendo absolutamente independientes de los mismos. Creo que quizás llega tarde esta medida o quizás es demasiado escasa, y habría que plantearse si los ayuntamientos han de ser gestionados por políticos o por profesionales, quedando reservado para aquellos la función “legislativa” mientras que la ejecutiva correspondería bien a funcionarios de carrera, bien a consultoras que accedieran a ella por licitación pública.
- Legislar sobre la responsabilidad de los consejos de gobierno y de los plenos. Yo voy más lejos, y empezaría a halar de la responsabilidad subsidiaria de los partidos políticos. Es más, si se me apura, y en consonancia con lo que se exige por ejemplo en la Ley del deporte para los gestores de los clubs deportivos, no vería mal algún tipo de aval bancario que haga efectiva dicha responsabilidad, evitando que quede en puro humo. Por supuesto, una vez producido la suspensión de pagos municipal, el ayuntamiento debería quedar intervenido por la Comunidad y los señores concejales irse a su casa sin retribución alguna.
- Recorte del gasto municipal. Aquí se refiere a partidas de subvenciones y gastos de personal, básicamente, incidiendo en la posible imposición legal del ámbito provincial como marco para fijar los convenios colectivo evitando así la presión sobre los gestores municipales. Creo que es optimista, ya que la presión va a existir siempre (recordemos que el convenio es un mínimo). Y por otro lado se le olvida algo fundamental a mi juicio, y es la depuración de todo aquel gasto vinculado a competencias impropias de la administración municipal. Y para ello nada como una definición legal, numerus clausus, de las competencias municipales, y del establecimiento de serias sanciones para quien se las salte, por mucho que los vecinos demanden un centro de telecomunicaciones o la subvención de una escuela zen municipal.
- Da por sentado las subidas de impuestos municipales, aunque reconoce que en aras a no afectar al consumo, deben ser lo más moderas posibles. Yo más que subidas de impuestos, y por mi experiencia municipal, hablaría de aplicación rigurosa del marco fiscal existente, y de atacar las bolsas de fraude que haberlas haylas. Y para ello es fundamental la colaboración con las Haciendas estatales y autonómicas.
- Apuesta por la explotación de los recursos municipales. Dice que las opciones son ingentes, pero no las menciona, tan sólo que existen amplias posibilidades de colaboración público/privada. Ahí me entra el tembleque. Si con dicha afirmación sugiere que los ayuntamientos, directa o indirectamente, desarrollen actividades empresariales me parece un despropósito, un no haber entendido nada de lo que está pasando. El papel de un ayuntamiento no puede ni debe ser ese: competencia desleal, distorsión del mercado, asunción de riesgos indebidos, corrupción, etc…
- Programa de privatizaciones municipales y de venta de inmovilizado. Absolutamente de acuerdo, en consonancia con el final de párrafo anterior. El ayuntamiento debe quedarse con las herramientas estrictas para llevar a cabo su gestión, que debe definirse en el catálogo de competencias del que se hablaba más arriba.
Echo en falta una mención a algo evidente. Y es que sobran ayuntamientos y Diputaciones provinciales. Los Ayuntamientos son una masa vecinal critica, a definir igualmente que las dichosas competencias, deben ser absorbidos por otros mayores, invirtiendo totalmente el proceso de desanexiones que hemos vivido: En cuanto a las diputaciones, su encaje en la España autonomía tan solo se explica desde el clientelismo político, invitando a duplicidades risibles en la España de Champions y trágicas en la de hoy en día. O desaparecen o asumen el rol de Administración autonómica en su territorio.
Vía | El blog de espublico
En El Blog Salmón | Eliminar los ayuntamientos pequeños ahorraría 20.000 millones de euros, ¿Como eliminar o reducir las funciones de las Diputaciones Provinciales?