El Gobierno está estudiando la posibilidad de suprimir la figura de las Juntas Vecinales en la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. Las juntas vecinales han sido históricamente las representantes legales de entidades locales menores, en aquellos lugares en los que por motivos de dispersión geográfica u otros condicionantes el municipio no era una entidad suficientemente cercana.
Esta supresión se justifica desde el Gobierno por el ahorro de costes que supondrá, dado que en último término los ayuntamientos o las diputaciones podrían ejercer las funciones de éstas juntas vecinales, evitando duplicidades. Hay otras duplicidades que si resultan gravosas, tal vez el Gobierno tenga otras intenciones, veamos hacia donde apunta todo esto.
Las entidades locales menores se encargan de la administración y conservación de su patrimonio, incluido el forestal, y la regulación del aprovechamiento de sus bienes comunales; vigilancia, conservación y limpieza de vías urbanas, caminos rurales, fuentes, lavaderos y abrevaderos y también ejecutar las obras y prestar los servicios que les delegue expresamente el Ayuntamiento. Sólo en algunas comunidades tienen regulación específica.
El coste que supuestamente se ahorra con la supresión de estas entidades es casi nulo, ya que no generan más gastos que los propios para acometer las tareas de conservación, que en la mayoría de los casos son ejecutadas por los propios vecinos sobre algo que hasta el momento era efectivamente suyo, sin recibir por ello salario alguno.
Por otro lado, esa supresión no garantiza que esas necesarias tareas de conservación y mantenimiento de ese patrimonio se vayan a hacer con mayor eficacia, ya que al dejar de ser bienes que los propios vecinos consideran suyos, quien realice esas tareas querrá cobrar por ello, lo que sí generará nuevos gastos, que ayuntamientos y diputaciones tendrán que asumir contratando esos servicios.
Suprimir las juntas vecinales y hacer que su papel lo asuman directamente los gobiernos municipales o las diputaciones colocaría directamente en las manos de estas entidades todo ese patrimonio, que ahora es propiedad de los vecinos, lo que no sería muy diferente a una expropiación de bienes,y posteriormente, ante la previsible dificltad para acometer su mantenimiento y conservación, probablemente acabarían siendo vendidos, permutados o cedidos, pasando de manos de los vecinos a manos privadas.
A la espera de ver como queda finalmente planteada la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, lo cierto es que de entrada la cosa asusta bastante.
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