El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, compareció ante la Comisión de Hacienda del Congreso y dejó caer uno de los temas más espinosos entre las Comunidades Autónomas, la eventual reestructuración de la deuda. En concreto, el ministro ha comentado “Tenemos que ver qué hacemos respecto a la deuda de las comunidades autónomas y, en especial, la que tienen contraída con el Estado. Tenemos que ver qué parte de esa deuda se corresponde con insuficiencias del sistema de financiación actual”.
Por lo que se extrae de las palabras de Montoro, se buscaría materializar una reestructuración de la deuda en aquellas comunidades autónomas que más han acudido al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Atendiendo a los datos, las comunidades autónomas que destacan por sus altas necesidades de liquidez de los fondos estatales han sido Cataluña y la Comunidad Valenciana con 70.909,6 y 53.756,6 millones de euros respectivamente entre los años 2012 y 2017.
La dificultad para emitir deuda de Cataluña y la Comunidad Valenciana
La reticencia de los inversores por la deuda catalana o valenciana no es por un capricho arbitrario sino por unas cuentas públicas seriamente debilitadas con una deuda pública elevada, lo que ha llevado a las agencias de rating a situar a estas comunidades en la categoría de grado de especulación, conocido como 'bono basura'.
Tanto Cataluña como la Comunidad Valenciana son las comunidades cuya deuda pública per cápita es la más elevada en todo territorio español. Con los datos del tercer trimestre de 2017, la deuda per cápita de Cataluña es de 10.175 euros, mientras que la de la Comunidad Valenciana es de 9.004 euros.
Otra manera de entenderlo es mediante la ratio entre la deuda pública y los ingresos corrientes (representados mediante porcentaje). En el caso de la Comunidad Valenciana esta ratio es del 327,7%, mientras que en Cataluña es del 288,9%, ambas cifras las más altas del territorio español.
En el caso de Cataluña hay que añadir el riesgo político de la región de los últimos años para entender su dificultad para emitir deuda. En la actualidad, tras unas elecciones autonómicas, los partidos independentistas han obtenido más de la mitad de escaños del Parlament (a pesar de que representan el 47% del sufragio). Existen notables complicaciones para la formación del ejecutivo y existen dudas sobre si dichos partidos seguirán por la vía unilateral.
Los inversores no se fían del compromiso de pago de estas comunidades y en consecuencia, les exigen mayores intereses en las emisiones de deuda. Como solución, el Gobierno central se endeuda y las administraciones autonómicas más necesitadas de financiación acuden al FLA, a un coste de financiación sustancialmente menor que el que les exigiría el mercado.
El riesgo moral vinculado a las reestructuraciones de deuda
En un país que se han socializado las pérdidas derivadas de la estructura politizada de las cajas de ahorros , no nos debería extrañar que se pretenda socializar aquellos costes derivados del derroche administrativo de ciertas comunidades autónomas.
Podría argumentarse que tanto Cataluña como la Comunidad Valenciana están mal financiadas y que, en consecuencia, para compensar el sistema de financiación, lo lógico sería que la "mano política" hiciera sus compensaciones vía quitas de deuda o una profunda reestructuración de toda su deuda con unas condiciones más favorables a las actuales.
Sin embargo, en España tenemos por ejemplo a la Comunidad de Madrid como la peor financiada -bajo el criterio de balanza fiscal- y no por ello, se ha dedicado a saquear sistemáticamente al FLA. De hecho, la Comunidad de Madrid asume 4.728,8 millones de euros del del total de liquidez, es decir un 2% del total de los fondos de liquidez. En contraste, Cataluña y la Comunidad Valenciana ponderan el 30,59% y el 23,19%.
Este gráfico engloba el total de liquidez de las Comunidades Autónomas que aunque mayoritariamente se representa con el FLA, también incorpora los fondos de Facilidad Financiera y otras medidas de liquidez como puedan ser anticipos o bien la ampliación/reintegro de las liquidaciones.
Nos encontramos con que la deuda pública per cápita de la Comunidad de Madrid es 4.999 euros, es decir menos de la mitad que la deuda pública per cápita catalana. También vemos una notable diferencia con la ratio entre la deuda pública y los ingresos corrientes, En la Comunidad de Madrid se sitúa en el 173,1%, más de 100 puntos porcentuales por debajo tanto de Cataluña como de la Comunidad Valenciana.
Cuando se propone una quita o reestructuración a ciertas comunidades autónomas lo que estamos diciendo es que el resto de autonomías deben hacerse cargo solidariamente de la factura. Por lo que, en última instancia, no encontraríamos que la Comunidad de Madrid, ante una reestructuración de la deuda de Cataluña y la Comunidad Valenciana, se vería perjudicada asumiendo implicitamente el reparto de los costes del proceso, por lo que cabe preguntarse ¿Dónde queda el riesgo moral?
Montoro debería reflexionar si es justo que aquellos que encontrándose en una condición financiera comparativamente peor han hecho los deberes, para más inri, deben de hacerse cargo de los excesos de las administraciones autonómicas irresponsables.
De hecho, el propio informe "Comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica" apunta en esta línea sobre los incentivos que se esconden detrás de los mecanismos de liquidez:
"La existencia de expectativas de rescate (o bail-out) junto a la existencia de autonomía para el endeudamiento puede provocar un recurso excesivo a esta vía de financiación y acabar trasladando el problema financiero a la Administración central, que se vería en la tesitura de tener que transferir más recursos a las Administraciones autonómicas más endeudadas, actuar de comprador de sus bonos o, en última instancia, condonar la deuda acumulada".
Más responsabilidad fiscal por parte de las autonomías
Paralelamente a la cuestión de las quitas, los partidos políticos coinciden en que el sistema de financiación autonómico está agotado y hay que reformarlo. No obstante, una de las premisas que parece que no se alterara es el principio de "solidaridad interterritorial".
En otras palabras, la utilización de transferencias de nivelación seguirán teniendo un peso muy importante en la financiación de los territorios de menor renta y que obviamente van a cargo de los territorios con mayor renta. Pero ¿Hasta qué nivel es deseable y justo la llamada solidaridad interterritorial?
Cuanto más tiende un sistema de financiación a la solidaridad, más se pierde la vinculación directa de los intereses de los políticos con el de sus ciudadanos. Es decir, si un determinado gobierno autonómico pretende asumir cierto nivel de gasto público deberían ser sus contribuyentes quienes soporten, principalmente, la carga tributaria en su bolsillo.
De no alcanzar una mayor responsabilidad fiscal autonómica, volveremos a repetir lo vivido en determinadas CCAA con las exigencias del objetivo déficit: políticos que trasladan a sus ciudadanos que es posible incrementar los ingresos gracias a los recursos transferidos por la Administración Central, evitando los costes políticos de subidas de impuestos o de recortes del gasto público para cuadrar el presupuesto.