El consejo de Ministros de hoy ha traído la aprobación de un Decreto que pone en marcha la paralización de los desahucios durante dos años para aquellos deudores hipotecarios que se encuentren en una situación próxima a la exclusión social. El decreto que se ha preparado, tiene dos bloques; uno de cumplimiento obligatorio para acogerse a la paralización del desahucio y otro que implica al menos el cumplimiento de una de las medidas dentro de cierta estratificación social.
Dentro del bloque de condiciones económicas, se fija el cumplimiento de todos los requisitos siguientes:
- No superar en renta el triple del IPREM, que para 2012 es de 532 euros al mes. A efectos mensuales, los ingresos no pueden superar los 1.597 euros o 19.164 euros anuales.
- Se tiene que haber producido una alteración significativa de las circunstancias económicas, es decir, cuando la carga hipotecaria se haya multiplicado, al menos, por un 1,5 en los últimos cuatro años
- La cuota hipotecaria tiene que superar el 50% de los ingresos netos
- El impago se tiene que generar sobre la hipoteca de la vivienda habitual y que sea en propiedad.
Además de estos requisitos obligatorios, el deudor hipotecario tiene que cumplir uno de los siguientes requisitos:
- Ser familias numerosas de acuerdo con la definición en la legislación vigente o constituir una unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo
- Ser familias con algún menor de tres años
- Tener a su cargo a personas en situación de discapacidad superior al 33 por 100 o dependencia que incapacite de modo permanente para una actividad laboral
- Ser deudores en paro y sin prestación por desempleo
- Convivir con familiares hasta tercer grado que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le incapacite de forma temporal o permanente para una actividad laboral
Como en todos los casos en los que se fijan condiciones, tenemos la polémica servida; porque por ejemplo, podemos tener una pareja con un hijo de 4 años, uno de ellos en desempleo y el otro trabajando en precario, que no puedan afrontar los pagos y que no vean cómo se paraliza su desahucio.
Polémica a la vista por la cantidad de casos excluídos de esta norma antidesahucios
Además del caso anterior que especifico, de exclusión, tenemos que no se realiza el lanzamiento durante dos años y se mantiene el uso y disfrute de la vivienda. Dado que no se ha especificado si existe una subasta pública y adjudicación anterior o no, nos encontramos con que muchos desahuciados se encontrarán con el uso y disfrute de dicha vivienda durante dos años a coste cero, en perjuicio de los hipotecados con problemas que no cumplan los requisitos.
Por otra parte, tenemos los casos de los avales, hipotecas constituidas a posterior sobre la vivienda habitual, colectivos como autónomos que hayan avalado con su patrimonio personal o límites económicos que se sobrepasan por muy poco. En todos estos casos, nos encontramos con que la paralización del desahucio queda supeditada a los casos de extrema urgencia que citaba la AEB y no al decreto ley.
Además de todo estos cambios, el problema sigue ahí y si en dos años, no han cambiado las circunstancias del deudor, la ejecución hipotecaria y lanzamiento será directo; salvo prórroga de este decreto en el futuro. Para afrontar el problema de verdad, faltan por concretar otra serie de medidas, que el Gobierno no se ha aventurado a fijar y que ha dado lugar a que los diferentes colectivos políticos y sociales propongan.
Se ha avanzado un pack de cambios sobre los intereses de demora, cambios en el procedimiento judicial, cambios en las fórmulas de tasación de viviendas y por supuesto, la medida estrella, que es un parque público de alquiler de viviendas a precio social, tema que le dedicaremos un post independiente.
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