Casi 11,5 millones de clientes y 415.538 millones de euros invertidos. Estas dos magnitudes demuestran el dinamismo del sector de los fondos de inversión en España, según los últimos datos publicados por la patronal del sector Inverco. Un negocio cuyas transacciones se realizan en el 90% de los casos en las ventanillas de oficinas bancarias. Hasta ahora. Porque la Directiva europea sobre Mercados e Instrumentos Financieros, más conocida como Mifid II, redactada para mejorar la transparencia en la comercialización de productos de inversión y con teórica puesta en marcha en enero de 2018, amenaza con cambiarlo todo.
Hasta que eso ocurra, el looby bancario está desplegando todo su poder para frenar los estragos que Mifid II podría causar en los beneficios derivados de la gestión de fondos de inversión. Martín Huete, inversor independiente, ha calculado que "el negocio de la banca por comisiones en fondos de inversión sobrepasaría ampliamente los 3.500 millones de euros. A nivel europeo, la consultora Deloitte ha estimado que por fondos domiciliados en Europa se pagan unos 33.000 millones de euros anuales en retrocesiones.
En un entorno de tipos de interés negativos, y con los márgenes de la actividad bancaria cada vez más ajustados, no están los bancos dispuestos a dejar escapar este pastel. Frente a la banca, acecha toda una legión de asesores financieros independientes dispuestos a provechar las nuevas condiciones que impone Mifid II, y darle una vuelta al encorsetado modelo de comercialización de fondos de inversión imperante en España.
En medio de esta contienda, Mifid II parece que no va a ser tan fiera como pintaba en un principio. Al menos, no para el negocio minorista. El texto de la Directiva europea deja margen a los estados para adaptar la normativa en función de las peculiaridades de cada país. La banca española no solo ha apurado al máximo esta excepcionalidad, ahora también apela al "que viene el lobo" y a la amenaza de exclusión financiera para reclamar nueva medidas. Tras tanto ruido causado por los cambios de Mifid II todo podría cambiar para que nada cambie en realidad.
Para entender el conflicto hay que empezar por comprender el sector. Partimos de que en España la cultura financiera es mínima. Aunque ha crecido algo tras el estallido de la crisis, lo cierto es que la relación del pequeño ahorrador con las finanzas siempre ha tenido un intermediario principal que era el empleado de las oficinas bancarias.
Bajo esta premisa se ha desarrollado la próspera industria de fondos de inversión. El problema es que los consejos de los empleados de banca a sus clientes han estado años luz de enfocarse a las necesidades del cliente. Los criterios de recomendación, hasta ahora, siempre estuvieron ligados a las políticas de marketing que cada banco tuviera en el momento y, en el mejor de los casos, los de otras gestoras amigas del banco. Es decir, las que pagan buenas comisiones.
Un cóctel fatal para los inversores españoles. Y es que son esas comisiones una de las principales motivos de que la rentabilidad de los fondos de inversión, salvo honrosas excepciones, sea bastante decepcionante en comparación con los índices que replican, como se puede ver en el gráfico de evolución de rentabilidades de Inverco.
Estudios como los realizados por el profesor del IESE Pablo Fernández, llevan años alertando de esta incongruencia. Aunque según explica el asesor de inversiones Marcos Pérez en su blog El Inversor Sobrio, el problema va más allá de las comisiones. "En esta incapacidad por batir a los índices también influye mucho la dinámica de la industria y el diseño de incentivos que los gestores tienen dentro de las grandes firmas. Para los gestores es más seguro no arriesgarse y hacer lo que todos hacen. Al final al gestor le importa más conservar su empleo y su carrera profesional, que aportar valor al cliente", explica Pérez.
Esas incongruencias son las que pretende desmontar Mifid II. Las comisiones, o como técnicamente se llaman en el sector "retrocesiones". El espíritu que subyace tras Mifd II pretende acabar con esa perversión y trata de poner en el centro del asesoramiento financiero los intereses del cliente inversor en función de su perfil de riesgo.
Mifid II obliga a quienes comercialicen con productos financieros a identificarse como asesores independientes o no dependientes. Los primeros deben ofrecer a los clientes el producto que mejor se adapte a sus intereses y perfil de riesgo de entre todos los existentes en el mercado. Tienen prohibido cobrar comisiones, por lo tanto, su sueldo depende de la cuota que paga cliente final al que asesoran.
Los asesores no dependientes serán, principalmente, los bancos. Los británicos y los holandeses han transcrito la directiva europea prohibiendo también las comisiones en este sector. No así lo españoles. Aquí, se han acogido a tres excepciones de abierta interpretación. Como son, que podrán cobrar comisiones las entidades que aporte una "mejora en la calidad del servicio". Para ello, deben ampliar la oferta de productos financieros a sus clientes en un "número apropiado". Además, deben comprometerse a hacer un seguimiento continuado de los intereses de sus clientes al menos una vez al año y ofrecer herramientas de valor añadido para que el cliente pueda decidir si lo que le ofrece es o no lo que él demanda.
Con estas premisas, como apuntaba El Confidencial el pasado mes de marzo, prácticamente se da vía libre a los bancos para que todo continúe como hasta ahora.
¿Por qué lo llaman riesgo de exclusión cuando es descenso de rentabilidad?
Pero, al parecer no es suficiente. Hace poco más de una semana, Inverco la patronal de las gestoras de fondos de inversión lanzaba una nueva demanda que está en boca también de los bancos: incluir un cuarto supuesto para permitir el cobro de comisiones o retrocesiones también en caso de que se ofrezca a los clientes información de inversiones alternativas disponibles y le informe de la cuantía de la comisión al principio y al final del asesoramiento.
Estas propuestas que sobre el papel pueden tener más o menos justificación pierden consistencia para cualquiera conozca el actual funcionamiento del sistema de asesoramiento bancario que apenas ha modificado sus prácticas tras los escándalos financieros de los últimos años.
Así quedó demostrado el pasado mes de febrero, cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) lanzó una investigación a través de inversores espías (Mystery Shopping) y descubrió que la información que se ofrece a los clientes que quieren contratar productos financieros es sesgada, se asesora sin advertencia previa y la oferta de productos se cierne a los que son propios del banco. El organismo regulador de los mercados multó a 12 entidades por aplicar excesivas comisiones en la venta de fondos de inversión.
Pensar que estas prácticas pueden cambiar en España de la noche a la mañana por la puesta en marcha de una ley es difícil de creer. El argumento que esgrime Inverco y los bancos es que de no aplicarse esta cuarta excepción se producirá en España una acusada exclusión financiera. La inversión media en fondos de inversión apenas llega a los 20.000 euros. El 50% está por debajo de esa cantidad. Es decir no sale rentable adaptar el asesoramiento personalizado a esas cantidades, mucho menos teniendo en cuenta que la mayoría de ellas están invertida en productos muy conservadores y con escaso margen de beneficio.
El pasado mes de febrero, un estudio la Asociación Española de Asesores y Planificadores Financiero-Patrimoniales (EFPA) y el Instituto de Estudios Bursátiles apuntaba que el volumen mínimo de entre 250.000 y 300.000 euros.
La tecnología aliada de Mifid II
Frente esta tendencia a adoptar prácticas pasadas a condiciones actuales, las posibilidades de que el asesoramiento personalizado y libre de comisiones de terceros se imponga para todos los perfiles de inversión llega, sobre todo, desde el lado de la tecnología.
El incremento de la oferta de plataformas digitales con amplia oferta de contratación de fondos españoles e internacionales ha sido exponencial en los últimos meses. Algunas, lideradas por gestoras independientes otras, por bancos nacionales o internacionales.
Además, está previsto que a finales de junio entre en funcionamiento la plataforma de fondos de Bolsas y Mercados Españoles dirigida a minoristas y en la que los interesados podrán contratar las participaciones de los fondos con un sistema similar al que ahora se utiliza para las acciones.