La huelga general del año 2002, o huelga del 20-J, celebrada el 20 de Junio de 2002, tuvo una duración de 24 horas y fue convocada por UGT (ya liderada por Cándido Méndez) y Comisiones Obreras (dirigida por José María Fidalgo), con el apoyo de los sindicatos minoritarios. Al frente del gobierno se encontraba el Partido Popular liderado por el entonces presidente José María Aznar, al que le ganaron el pulso a pesar de contar con mayoría absoluta.
La huelga del 20-J supuso la ruptura del idilio que atravesaban en aquella época las buenas relaciones entre Gobierno y agentes sociales. Tras la segunda victoria consecutiva de José María Aznar en las elecciones del año 2000, la repulsa en bloque de los trabajadores a la reforma de Inem propició la convocatoria de la huelga general por parte de los sindicatos, lo que acarreó una importante crisis de gobierno y la salida del Ministro de Trabajo de entonces, Juan Carlos Aparicio.
La reforma laboral que propició la huelga: el “decretazo”
La economía española atravesaba buenos tiempos y el Ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, intentó llevar a cabo una reforma laboral que flexibilizase el mercado laboral y ayudase a combatir el desempleo. Sin embargo, son muchos los que opinan que detrás de esta reforma, conocida como el “decretazo”, se encontraba el entonces Ministro de Economía, Rodrigo Rato, que un año después llegó a vicepresidente económico.
Los principales puntos que defendía esta reforma laboral y que propiciaron la huelga general que posteriormente la tumbó fueron los siguientes:
- Los parados, tras un año de percepción ininterrumpida de la prestación de desempleo debían aceptar cualquier trabajo que se le ofreciese en un radio de 30 kilómetros con respecto a su hogar, aunque el sueldo fuese inferior al de la prestación. Para los sindicatos esto suponía una ofensa contra la libre elección de profesión.
- El desempleado podría rechazar una oferta de empleo o un curso formativo un máximo de tres veces. La primera vez que lo rechazara se le penalizaría con un recorte de tres meses en la prestación, la segunda con seis meses y la tercera con la extinción del derecho.
- Impulsaba la desaparición del PER. Hasta la fecha eran necesarias 30 peonadas para poder percibir el subsidio agrario. Con la reforma se pretendía que las peonadas necesarias para poder cobrar el PER durante seis meses ascendieran a 360 jornadas. Este nuevo sistema, al que se denominó prestación por desempleo contributivo agrario, se extendía a todo el país, con la excepción de Andalucía y Extremadura
- Desaparecía la necesidad de pagar los salarios de tramitación por despido improcedente, por lo que el trabajador perdía la indemnización complementaria si el despido era injusto.
- Desaparecía el subsidio asistencial existente al finalizar la percepción de la prestación contributiva de 56.000 pesetas (336 euros) al mes para los trabajadores que habían sido despedidos a través de un expediente de regulación de empleo.
La cronología del “decretazo”
La idea del Gobierno era que la reforma entrase en vigor el 1 de enero de 2003. Sin embargo, tras entregar a los agentes sociales el documento en el que se enumeraban las medidas, estos consideraron que eran inaceptables y que supondrían una merma en los derechos de los trabajadores y de los desempleados.
El 1 de mayo comenzaron las movilizaciones de los sindicatos en contra de la nueva reforma laboral. Así, el 22 de mayo solicitaron la retirada de la propuesta, y al no cumplirse convocaron un día después un paro general para el 20 de junio.
El 24 de mayo de 2002 el Consejo de Ministros aprobó la reforma por Real Decreto-ley al considerar que los sindicatos no tenían argumentos puesto que no se producían recortes. Aparicio defendió que el objetivo de la reforma era mejorar el mercado de trajo luchando contra la temporalidad y mejorando las garantías de los trabajadores. Consideró que lo que se hacía era reorganizar el gasto y no recortar derechos.
20-J, el día de la huelga general
La jornada de paro general fue muy accidentada. Mientras que los sindicatos cifraron el seguimiento en el 80%, el Gobierno aseguró que este apenas alcanzó el 16%. José María Fidalgo y Cándido Méndez encabezaron la manifestación que se celebró en Sol, a la que calificaron de “éxito rotundo”. José Luis Rodríguez Zapatero, líder del PSOE también acudió a la cita. Los organizadores cifraron en medio millón a los manifestantes de la capital, mientras que la policía aseguró que no superaban los 20.000.
Las manifestaciones más multitudinarias tuvieron lugar en Madrid, Barcelona, Valladolid, León, Burgos y Salamanca. Los sectores que más se pararon fueron la industria, la construcción y el transporte. Según Aparicio los incidentes violentos protagonizados por piquetes fueron numerosos y la policía actuó con contundencia efectuando 104 detenciones. Mariano Rajoy era entonces Ministro de Interior.
Retomando el diálogo
Tras la celebración de la huelga general, el 4 de julio José María Aznar y su vicepresidente segundo, Rodrigo Rato, pidieron que se retomase el diálogo social, aunque quince días después las movilizaciones en la calle seguían por la celebración del debate sobre el estado de la Nación.
Tras la caía de Aparicio, Cándido Méndez y José María Fidalgo mantuvieron un primer encuentro con el nuevo Ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, el 17 de Julio. Unos días después, el 26 de Julio, se reunieron con Rodrigo Rato.
La reapertura del diálogo trajo consigo importantes modificaciones en los puntos más polémicos del “decretazo”. Las más destacadas fueron la restitución parcial de los salarios de tramitación en los despidos improcedentes, las mejoras del subsidio agrario y de los autónomos, la compatibilidad del cobro del paro con otras rentas o indemnizaciones y la protección del desempleo para los fijos discontinuos.
El consenso final se produjo el 7 de Octubre, cuando Zaplana mantuvo una nueva reunión con los agentes sociales para tratar las modificaciones. Diez días después, el 17 de Octubre, el nuevo proyecto de ley fue aprobado en el Congreso, eliminando los puntos más conflictivos de la polémica reforma laboral.
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