En los Presupuestos que el Gobierno ha negociado con Unidos Podemos se incorpora un incremento del 22,3% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) desde los 735,90 euros actuales hasta el objetivo de 900 euros.
En las siguientes líneas vamos a detallar qué consecuencias acarrea este tipo de medidas para el conjunto de trabajadores que forman el mercado laboral.
El SMI o cómo perjudicar a jóvenes e inmigrantes
En términos anuales, el salario mínimo que se propone ascendería a 12.600 euros brutos (900 euros x 14 pagas). Si lo contabilizamos en 12 pagas, el salario mínimo sería de 1.050 euros al mes, pero ese no es el coste laboral del trabajador.
Teniendo en cuenta que la empresa debe hacerse cargo de la parte de las cotizaciones sociales que suponen el 29,9% del salario bruto anual, la cifra asciende a 16.367,4 euros o 1.363,95 euros mensualmente. En otras palabras, el trabajador debe generar para la empresa un importe superior a esa cifra en el periodo computado pues sino carece de sentido la contratación (el empleado no es rentable).
Evidentemente no todos los individuos son igual de productivos. Veremos que trabajadores, fruto de un menor desarrollo de sus habilidades, aporten cifras inferiores a ese coste mínimo por trabajador que el Gobierno tiene intención de fijar. Y allí encontramos la perversidad del salario mínimo... Los trabajadores menos productivos que no alcanzan el coste mínimo deben elegir: Desempleo o mercado negro.
La falta de habilidades técnicas o experiencia son las principales causas que motivan la falta de productividad. Pero nadie nace aprendido, es al paso de los años cuando uno adquiere y mejora el conjunto de sus habilidades técnicas fruto de la experiencia. Aquí surge otro de los problemas, el salario mínimo reduce los ingresos de por vida al retrasar la entrada en el mercado laboral de aquellos con bajos niveles de productividad.
Y ¿quiénes son los colectivos de trabajadores que tienen una productividad menor? Jóvenes e inmigrantes. Estos dos grupos son los grandes perjudicados de un SMI y de su subida. Legalmente no pueden ofrecerse a la empresa por un importe inferior al salario mínimo para que se alinee su baja productividad frente al coste laboral mínimo por trabajador.
En aquellas empresas que el coste del incremento del SMI suponga una reducción de márgenes frente a la previsión de ventas de ese ejercicio se decide despedir a aquellos trabajadores que implique un menor coste o simplemente no renovar contratos temporales.
La situación es endiablada para cualquier joven de España... Se enfrenta a un mercado laboral con un desempleo del 33,6% (uno de cada tres está en el paro), si quiere trabajar deberá ser capaz de rentabilizar los 16.367,4 euros anuales que reflejaría ese coste laboral mínimo, y en el supuesto de contratación, las futuras subidas del SMI lo ponen en el punto de mira al ser el trabajador cuyo coste de despido es inferior.
Por su parte, los inmigrantes tienden a ubicarse en empleos de baja cualificación vinculados a bajos salarios con una productividad escasa. Ya es difícil la integración en un país que no es el propio (nuevo idioma, trámites para homologar estudios, adaptarse a las costumbres en un nuevo entorno) para que el Gobierno les meta la zancadilla exigiendo una productividad mínima para acceder legalmente a un trabajo.
Si es tan beneficioso el SMI ¿Por qué quedarse en 900 euros?
Muchos economistas han aplaudido el incremento del SMI. Los argumentos que exponen son principalmente los siguientes:
1) Los empresarios se verán obligados a incrementar los salarios a los trabajadores, mejorando su bienestar.
2) El incremento de los salarios llevará a más consumo y más consumo implica más empleo.
3) Sin SMI los salarios estarían por el suelos.
En relación al primer argumento, si el salario mínimo tuviera la capacidad de mejorar la vida de los trabajadores, la pregunta es por qué no se debería ir más allá de una propuesta de 900 euros distribuidas en 14 pagas para 2019. Al fin y al cabo, en muchas grandes ciudades ese importe es notablemente inferior a las necesidades de consumo que puedan existir en esos entornos.
Dado que 900 euros es un importe inferior al salario bruto medio, no se tiende a ver claro los efectos negativos de ese precio mínimo en el mercado laboral, y se concibe más como catalizador de salarios. En otras palabras, para muchos, subir el salario mínimo supone un efecto positivo para el trabajador.
Pero, ¿Qué sucedería en España si el salario mínimo fuera de 2.000 euros? ¿Los salarios se dispararían a 2.000 euros al mes? No, simplemente se emplearían aquellos trabajadores que tras imputar la Seguridad Social a cargo de la empresa ofrezcan una productividad marginal superior para que sea rentable su contratación. Pues en la misma situación se encuentran todos los trabajadores cuyos niveles de productividad quedan por debajo del coste laboral que induce el Gobierno.
En relación al argumento de que un mayor salario mínimo supone más consumo y más consumo implica más empleo, existe una falacia de base... El incremento de salario viene dado por el incremento de productividad. Sin una mayor inversión en bienes de capital, la productividad inmediata viene dada por recortar número de trabajadores repartiendo la carga laboral sobre el resto. En consecuencia, el consumo de más por el incremento del SMI de los trabajadores beneficiados viene dado negar el consumo al trabajador que pierde el empleo.
Sobre el tercer argumento expuesto vinculado a la caída de salarios, hay que tener presente los salarios se incrementan gracias a la combinación de adquisición de bienes de capital y mercados de laborales que tienden al pleno empleo, por la restricción del factor trabajo que permite impulsar su precio.
En el largo plazo, la ausencia del SMI no habría que relacionarla con bajos salarios. Ejemplos de países sin SMI y con salarios superiores al de España hay más que suficientes para refutar tal premisa: Dinamarca, Finlandia, Suecia, Austria, Noruega, Suiza e Italia entre otros.
No obstante, en un mercado laboral que refleja una tasa de desempleo del 15,3%, nos encontramos con un factor productivo abundante y por lo tanto, su precio no estaría tensionado para ver incrementos inmediatos. En efecto, la ausencia del SMI llevaría en el corto y medio plazo a una reducción del salario medio. Pero ¿Es preferible condenar a potenciales empleados al paro?
Poniendo en jaque a 190.000 empleos
Actualmente uno de cada diez trabajadores estaría cobrando una cifra que queda por debajo del SMI planteado. Obviamente, ese es el empleo que está en juego. La decisión para la empresa es clara: Revalorización salarial del 22% o enseñarle la puerta.
Según se desprende de las estimaciones del Banco de España, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y BBVA Research, esta subida podría provocar una destrucción potencial de 190.000 puestos de trabajo. Los colectivos más vulnerables serían jóvenes, empleados poco cualificados, nuevos ocupados y mayores.
El razonamiento de este dato es que un total de 1,9 millones de ocupados se encontrarían en la horquilla del salario mínimo actual y el salario mínimo planteado. En otras palabras, del total de trabajadores afectados alrededor de un 10% perdería el empleo.
En 2017, el Banco de España hizo una estimación en esta línea. En un escenario en el que el SMI fuera de 950 euros, afectaría a un total del 12,26% de los trabajadores de los cuales perderían el empleo el 11,32% y en consecuencia el efecto sobre el empleo total sería del 1,39%.
Hay que poner especial atención al grupo de edad de 16-25 años. Los trabajadores afectados serían el 32,57%, de los cuales el 17,52% perderían el empleo, lo que tendría una incidencia total sobre el empleo de este grupo del 5,71%.