En estas páginas, muchos de mis compañeros han criticado por activa y por pasiva cómo el Estado no puede ser una gran aseguradora para cubrir los desastres naturales. Por toda la geografía, suceden situaciones excepcionales que destruyen gran parte de las propiedades que se encuentran por el camino; aunque tampoco está de más tener en cuenta que en el caso de Andalucía, la mayoría de los desastres materiales se han producido por las construcciones ilegales en zonas inundables de los cauces de los ríos.
En esta tesitura, la labor protectora del estado nos ha sorprendido con el enésimo paquete de ayudas para paliar los daños por dichas inundaciones en Andalucía, sin determinar claramente si se van a atender a construcciones que no cumplen la legalidad vigente o no. Pero por si no fuera suficiente, el despilfarro de dinero público se culmina con una reducción escandalosa de las jornadas reales necesarias para acceder al cobro de la Renta Agraria, del subsidio de desempleo de agricultura o del paro agrícola. Si como norma general son necesarios 35 jornales para acceder al subsidio agrícola, ahora, sólo serán necesarios 20 días de trabajo para recibir de 4 a 8 meses de paro.
Es curioso cómo el propio ejecutivo por un lado anuncia un plan de prevención del fraude fiscal por un lado y por otro potencia y facilita la economía sumergida. Las grandes bolsas de economía sumergida de Andalucía se encuentra amparadas por el paro agrícola. Este paro tiene restricciones muy importantes a efectos de ingresos.
Por este motivo, existe una gran ingenieria de fraude fiscal y economía sumergida en los pueblos PER de tal forma que un 90% de los perceptores de dicho subsidio, trabajan en negro durante todo el año. Basta con darnos una vuelta por cualquier población de Jaén, Córdoba, Sevilla o Cádiz para que comprobemos de primera mano cómo está instaurada la cultura del paro, el trabajo en negro y la función de los chapuzas sin dar de alta, simple y llanamente porque si afloran estos ingresos se pierde el subsidio.
Las tasas de paro de Andalucía son ficticias en su mayor parte y no me quedo corto si se cifra en un 90% el número de perceptores del subsidio agrícola que cobran estas ayudas de manera fraudulenta. El caso es que se cargan las tintas contra empresas y resto de ciudadanos pero se sigue potenciando la filosofía del paraguas estatal y favoreciendo el mercado clandestino que pulula en torno al extinto PER. Este error ya se cometió en los años 80 y ahora se vuelve a cometer, con el agravente de que las arcas públicas se encuentran sumamente deterioradas. Curiosos conceptos los que se manejan con la Economía Sostenible.
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