La Audiencia Nacional ha condenado a 4 directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por falsear las cuentas de la entidad para disimular su situación de quiebra durante la crisis económica.
Los condenados son los exdirectores generales de la CAM Roberto López Abad y María Dolores Amorós Amorós, 3 años de prisión, el exdirecto general de Planificación y Control, Teófilo Sogor, 4 años de prisión, y el exdirector general de Inversiones y Riesgos, Francisco Jo´se Martínez, 2 años , 9 meses y 1 día.
Los otros 4 exdirectores acusados en la causa, Modesto Crespo, Vicente Soriano, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa, han sido declarados absueltos.
Nos podemos preguntar: ¿La contratación de seguro de la mala gestión por posibles fianzas ha sido el detonante de una sentencia más dura que otras entidades bancarias?
El seguro de mala gestión de los exdirectivos para pagar las fianzas
El fiscal se ha opuesto a que los altos cargos de la CAM, acusados de cobrar dietas presuntamente irregulares durante su mandato dentro de la entidad financiera, puedan usar una póliza de seguro para cubrir las posibles responsabilidades que se puedan derivar de los cobros supuestamente fraudulentas.
El seguro de la empresa Caser y cuya cobertura llega a los 15 millones de euros, fue contratado en 2010 por CAM para proteger a los exdirectivos en el caso que realizaran una mala gestión. Algunos exconsejeros han querido utilizar esta garantía.
El fiscal ha comparado a los antiguos miembros de la comisión de control de unos ladrones de sucursales bancarias para impedir precisamente que Caser puede pagar las fianzas que ha impuesto el juez a los responsables de recibir estas dietas ilegales.
Estas retribuciones, 30.000 euros de media al año por personal, vulneran los estatutos de la caja, por ello, el juez estimó al inicio del juicio que los exconsejeros tenían que depositar la fianza como responsables a título lucrativo.
Tras negarse en principio a que los exdirectivos de la CAM pudieran recurrir a Caser para pagar sus fianzas, el juez al final permitió esta posibilidad, de forma que la empresa aseguradora pudo hacer frente a los pagos, exonerando de los mismos a los exconsejeros. No obstante, el fiscal se empeñó en que estos exdirectivos de la CAM pagaran de su bolsillo el dinero de la fianzas, 1,5 millones de euros.
La sentencia demuestra la falsedad de información de los directivos
La fiscalía ha entendido que se están amparando en el enriquecimiento por el autorizamiento en su momento en que la aseguradora Caser pagara sus fianzas, y si se permitiera que la obligación de restituir lo ha satisfecho una aseguradora en lugar de los exdirectivos directamente responsables por su conducta.
El fiscal marco un paralelismo de que si un exdirectivo de la CAM hubiera abierto una caja fuerte de una sucursal y se hubiera llevado el dinero. El fiscal recordó además que sólo 4 de los acusados han pretendido cubrir la responsabilidad civil con dicha póliza
En la sentencia el juez ha considerado probado que durante el primer trimestre de 2011, los 4 exdirectivos hicieron reflejar en sus comunicaciones al Banco de España unos beneficios cuando en realidad las pérdidas eran de 1.163,4 millones y el ratio de morosidad era del 19 por ciento.
Esta diferencia de cifras constituyó uno de los motivos relevantes para la intervención de la entidad financiera, por los riesgos que suponía para el sistema financiero.
Los exdirectivos falsearon la contabilidad para cobrar incentivos y complementos
Se ha demostrado los delitos de falsedad contable y falsedad en la información a los inversores. Los acusados han sido absueltos de los delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal por las remuneraciones que se fijaron como miembros del Comité de Dirección.
El tribunal ha absuelto a la Fundación CAM, Banco Sabadell y la aseguradora Caser de las responsabilidades civiles que se les reclamaban, ya que las conductas delictivas de las que se derivaban **no han quedado probadas***.
Nos obstantes, indica la sentencia, que esas responsabilidades se pueden seguir exigiendo por la vía civil. El tribunal está seguro de que la crisis y definitiva desaparición de la entidad financiera CAM como negocio financiero no se debió solo a la actuación irregular de los acusados, sino que deriva de un entorno de crisis económica general.
Pero queda demostrado que los exdirectivos de la CAM falsearon las cuentas de la caja para hacer pasar por beneficios de 65,3 millones de euros en agosto de 2011 lo que en realidad eran unas pérdidas de 1.136,4 millones de euros.
Las cifras de los estados de balance e informe de los estados financieros resultan irreales y esa disparidad de cifras ha constituido uno de los motivos relevantes para la intervención de la entidad, por los riesgos que han supuesto la situación para el sistema financiero en su conjunto, aparte de la contravención del principio de seguridad jurídico-contable que ello implica.
Esta maniobra contable habría permitido a los exdirectivos de la CAM cobrar incentivos y complementos por valor de 20 millones de euros pese a que estos bonus estaban ligados a la buena marcha de la entidad.
Quebrar las cajas de ahorros sale barato
Las condenadas en la mayoría de casos han sido muy bajas. Al contrario de la CAM se demostró que no hubo enriquecimiento o se devolvieron las cantidades:
- Caixa Penedés: la Audiencia Nacional condenó en mayo de 2014 por administración desleal al exdirector general, Ricard Pagès, y a otros 3 miembros de la cúpula. Fue la primera sentencia relacionada con el saqueo de las cajas de ahorros. Durante el juicio quedó de manifiesto el “poder omnímodo” del que disfrutaba el director general en aquella época y la falta de un sistema eficaz de control.
Los condenados consiguieron una sustancial rebaja de la pena tras admitir el delito y devolver 28,6 millones de euros que habían percibido indebidamente como dotación de sus fondos de pensiones. A Pagès le cayeron 2 años y al resto, 1 a cada uno.
Novacaixagalicia (NCG Banco): el expresidente Julio Fernández Gayoso, el exdirector general José Luis Pego, el exresponsable del negocio inmobiliario Gregorio Gorriarán, el responsable de la fusión de las cajas gallegas Óscar Rodríguez Estrada y el abogado Ricardo Pradas ingresaron en prisión a mediados de enero de 2017. Pesaba sobre todos ellos una condena de 2 años de privación de libertad por administración desleal y apropiación indebida.
Caja Madrid / Bankia: la Audiencia Nacional condenó el pasado mes de febrero a 65 expresidentes, exconsejeros y ex directivos por un delito de apropiación indebida, relacionado con el uso de las tarjetas black. Las penas más altas recayeron sobre al fallecido Miguel Blesa (6 años de prisión) y Rodrigo Rato (4 años y 6 meses), a quienes les fueron impuestas también sendas multas de 116.000 euros.
Caja Castilla La Mancha (CCM): el expresidente Juan Pedro Hernández Moltó y el exdirector general Ildefonso Sánchez fueron condenados en febrero de 2016 a 2 años de prisión. La Audiencia Nacional les consideró culpables de haber ocultado “pérdidas galopantes” en las cuentas correspondientes al ejercicio de 2008. Perjudicaron así a inversores y depositantes que tomaron decisiones a partir de una información falsa.
Ambos se libraron de ir a prisión porque el juez tuvo en cuenta que no se produjo enriquecimiento ilícito, aunque a veces su gestión se guió por criterios políticos y no de rentabilidad, como ocurrió con los 330 millones de euros enterrados en el aeropuerto fantasma de Ciudad Real.
- Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI): la Audiencia Provincial de Zaragoza condenó en marzo de este año a 4 años de prisión a dos antiguos directivos por un delito continuado de apropiación indebida. Ambos causaron a la entidad un perjuicio de 6,3 millones de euros con una reestructuración de sus sociedades inmobiliarias de la que salió beneficiado el abogado Ramón Marrero Gómez, también condenado.
El fallo, que todavía no es firme, acusa a García Montes de ejercer sus funciones de manera “opaca y personalista”, de conducirse con una “falta total de transparencia” y de ocultar al Consejo datos relevantes sobre su gestión.
- Bancaja / Banco de Valencia: el ex presidente de la Generalitat valenciana, José Luis Olivas, que fue presidente de Bancaja antes de su fusión con Caja Madrid, está imputado por la concesión de préstamos a Gran Coral, un proyecto urbanístico en el caribe mexicano. Se le acusa de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y administración desleal. También se le investiga, junto con una decena de consejeros y directivos, como consecuencia de su gestión al frente del Banco de Valencia, filial de Bancaja.
Oliva ya fue condenado a 1 año y medio de prisión por falsificar una factura de 500.000 euros correspondiente a servicios que nunca realizó.
- Caixa Catalunya: el exvicepresidente del Gobierno en tiempos de Felipe González, Narcís Serra, en su condición de expresidente, Adolfo Todó, que fue director general, y otros 3 antiguos altos cargos están siendo investigados por administración desleal. Según la Fiscalía, todos ellos son responsables de una serie de operaciones inmobiliarias realizadas entre 2000 y 2013, que causaron un agujero de 720 millones de euros.
Serra y Todó tienen otra causa pendiente por un aumento de sus retribuciones en plena crisis, justo antes de que la caja fuese rescatada.
En El Blog Salmón | Todos estos bancos fueron rescatados en España antes del Popular
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