Como imagino que muchos sabréis, la liberalización del ferrocarril español está cada día más cerca de convertirse en una realidad. El Gobierno ha decidido adelantar a julio de 2013 la apertura del transporte ferroviario de pasajeros a la competencia, lo que supone la mayor transformación que se ha vivido en este sector hasta la fecha.
La situación actual del ferrocarril español deja bastante que desear: el sector mantiene una deuda conjunta de 20.730 millones de euros y el funcionamiento de la red cuesta anualmente a los contribuyentes 2.500 millones. A esto se une que 52 servicios de media distancia son considerados ineficientes y que las pérdidas en Renfe se han disparado en 2011 hasta los 335 millones, frente a los 19,8 millones del año anterior.
Es más que evidente, por tanto, que el sistema necesita una transformación desde sus raíces. Al parecer, el primer paso consistirá en dividir Renfe en cuatro empresas que se especializarán en el tráfico de pasajeros, mercancías, mantenimiento de trenes y material rodante de la compañía, respectivamente. Este proceso finalizaría en julio de 2013 y sería similar al de otros operadores ferroviarios públicos europeos.
Aunque en principio la noticia parece positiva para los usuarios de tren, que gozarán de más alternativas al fomentarse la competencia, habrá que esperar para saber qué interés puede tener el negocio del tren de pasajeros. Posiblemente, los operadores privados centren su interés en la alta velocidad, el negocio más rentable de Renfe, por lo que habría que ver qué ocurre con los cercanías y los servicios regionales de media distancia, deficitarios en muchas ocasiones.
Conociéndose que 52 trenes regionales circulan con una ocupación media inferior al 14% de su capacidad y que 176 estaciones de tren y apeaderos apenas tienen un viajero diarios, el futuro se vislumbra oscuro para estas rutas, que podrían llegar a desaparecer si se demuestra que no son rentables para las alternativas privadas.
No obstante, hemos de suponer que para estos casos seguirá existiendo la opción ferroviaria pública: Renfe, cuyo fin debiera ser ofrecer un servicio demandado más que económico. Por tanto, a pesar de que los inconvenientes están ahí, la privatización del ferrocarril español es una buena noticia que debería fomentar la competencia entre empresas y beneficiar al consumidor, que actualmente sufre en sus carnes a un monopolio público que ofrece un servicio bastante caro, sobre todo en alta velocidad.
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