En el último mes, hemos visto una coordinación del sector de la hostelería para exigir responsabilidades ante los cierres parciales y totales que han impulsado las diferentes administraciones autonómicas en España. Su objetivo no es otro que hacer copartícipe a la administración de las pérdidas ocasionadas y que sean compensados mediante ayudas.
Existen multitud de reclamaciones, por ejemplo, la plataforma SOS Hostelería que representa a 35.000 establecimientos hosteleros existentes en la Comunidad Valenciana, solicita a la Generalitat Valenciana varias medidas para paliar la situación.
Las medidas están orientadas en tratar de aliviar la estructura de costes del sector. Tenemos la suspensión del pago del último trimestre de IRPF correspondiente a 2020, la suspensión del pago del último trimestre de IVA, la suspensión de todos los impuestos y tasas municipales en 2021 hasta que la pandemia no se dé por finalizada y la actividad económica no recupere su total normalidad, la suspensión de los pagos de servicios básicos de los establecimientos de hostelería como agua, luz y gas, haciéndose cargo el ICO y el Institut Valencià de Finances del pago de estos recibos y la paralización de cualquier normativa que afecte negativamente al sector de la hostelería como, por ejemplo, la Ley del Juego.
Pero, estas exigencias habían caído en saco roto. Por ello, se ha buscado la vía judicial, es decir, demandar al Estado y las Comunidades Autónomas. Este mes, gracias a la plataforma LaHosteleríaDeTodos.org, que integra restaurantes, bares, cafeterías y tabernas se han interpuesto las primeras 50 demandas contra el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Incluso, desde la patronal representada por Hostelería de España, se estaría estudiando buscar el amparo de los tribunales para levantar los cierres y restricciones en el sector, tras la decisión Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de proceder a su apertura.
Toda esa presión parece que ha surtido efecto. Ayer conocimos como el Gobierno ha dado su brazo a torcer y, tras un año del inició del Estado de Alarma, se ha anunciado un paquete de ayudas para empresas, pymes y autónomos cuantificadas en 11.000 millones de euros que se espera que el Ejecutivo apruebe en las siguientes semanas.
Desde la hostelería, a falta de conocer la letra pequeña, se reclama que estas ayudas sean directas y a fondo perdido a través de una combinación de bajadas impuestos y subvenciones.
Ayudas a nivel europeo
El problema del sector ha sido agraviado por los continuos cierres totales o parciales específicos del sector.** Una fijación que ha atacado el lado de los ingresos sin que exista ningún tipo de compensación**. Si bien en la fase iniciar de la crisis el problema estaba vinculado a tratar de reducir los costes, obtener liquidez para la financiación y los ERTE, ahora, el problema ya es la propia supervivencia. La solvencia es la gran preocupación.
Curiosamente los países europeos han tenido mucha mayor consideración con este sector. Si bien las medidas de restricciones pueden estar alineadas, existe una notable diferencia al tratamiento final otorgado. Generalmente se ha apostado por ayudas directas para soportar la carga de los costes fijos.
Las ayudas más generosas vendrían de Alemania que es la ventaja de tener unas cuenta públicas saneadas antes de la pandemia. En este caso, la hostelería podía recibir un monto de hasta 200.000 euros de según el tamaño de la empresa y hasta el 90% de los costes fijos en función de las pérdidas. A ello, dada la descentralización administrativa de Alemania, hay que sumar las ayudas de los estados federados. Si recordamos, el año pasado se propició una bajada del IVA que se mantendría en el 7% para bares y restaurantes hasta el 2022.
Desde Francia, se han aportado ayudas cuantificadas hasta los 10.000 euros al mes para empresas con menos de 50 trabajadores que hayan sufrido pérdidas que hayan llegado al 70%. Si la caída de la facturación es del 50%, las ayudas mensuales son de 1.500 euros. A ello, se suma la ampliación el espacio para instalar las terrazas y se compensan las pérdidas de los negocios con ayudas equivalentes a los ERTE para los empleados
El Gobierno italiano ayuda a los restaurantes de 29 zonas turísticas con un máximo del 20% de los ingresos que hayan perdido. Esta ayuda viene de la comparativa de la facturación actual con el mismo periodo del año anterior.
Luego tenemos gobiernos que aportan cuantías fijas. Luxemburgo está ofreciendo 20.000 euros al mes para microempresas, 100.000 euros mensuales para pymes y 200.000 para las grandes empresas. Bélgica apoya con 3.000 euros a los locales hosteleros y Holanda destina más de 2.500 euros a fondo perdido por mes al sector.
Pérdidas para el sector
Hay que tener muy en cuenta el sector de la hostelería porque es vital para la economía española. Sus números ofrecen un total de 300.000 establecimientos que dan trabajo a 1,7 millones de personas y tiene un volumen de ventas de 123.612 millones de euros, con una aportación del 6,2% al PIB de la economía española. En detalle, los restaurantes, bares, cafeterías y pubs emplean a 1,3 millones de personas y tiene una facturación cercana a los 94.000 millones de euros, aportando el 4,7% al PIB nacional.
Y 2020 fue un año de grandes pérdidas para el sector. Se apunta a una caída del 50% de la facturación que ha supuesto un impacto de 70.000 millones de euros. Por esa razón, el sector ha visto como habían anunciado el cierre definitivo de 85.000 bares y restaurantes. El mercado laboral vinculado al sector ha sufrido especialmente porque actualmente 360.000 trabajadores se encuentran en una situación de ERTE.
En ningún caso, en todo este tiempo, el Gobierno español ha tenido la consideración de emular a sus socios europeos para la concesión de ayudas específicas para el sector. Una situación que vendría marcada por considerar que existen unas mayores necesidades que atender por la vía presupuestaria y una situación financiera de partida de desequilibrio creciente en las finanzas públicas.
Con los fondos europeos asignados, parece que hay margen financiero pero el plan de los 11.000 millones está pendiente de detalle. El Gobierno no ha comunicado nada de calado sobre esta medida, simplemente el Presidente Sánchez ha trasladado que irían destinados a reforzar la solvencia de los balances, retomar la actividad y contratar trabajadores.