En España, las entregas de bienes muebles e inmuebles vinculados a la actividad religiosa efectuadas por comerciantes con destino a la Iglesia Católica están exentas del IVA. Y en un momento en el que las relaciones Iglesia-Estado están más que revueltas por diferentes motivos, la Comisión Europea ha enviado hoy a España un dictamen motivado en el que le pide que obligue a la Iglesia Católica a pagar ese IVA.
En su defensa, el Gobierno argumenta que su acuerdo con la Santa Sede sobre asuntos económicos, que data del 3 de enero de 1979, le obliga a aplicar una exención del IVA a determinadas entregas de bienes con destino a la Iglesia Católica. Sin embargo, desde Bruselas se asegura que esta exención no está autorizada con arreglo al régimen del IVA de la Unión Europea establecido en la legislación comunitaria.
Y entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que recomienda Bruselas es muy sencillo: cuantifiquen ustedes lo que la Iglesia Católica se está ahorrando gracias a esa exención y compénselo de alguna forma, pero que la Iglesia, por favor, pague lo que tiene que pagar. Es decir, lo que Bruselas propone es que España pague cierta compensación financiera a la Iglesia Católica a cambio de los impuestos que ésta debería pagar según la legislación comunitaria.
Desde Madrid se ha declarado que el fundamento jurídico de la exención está en el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos, y que se trata de un acuerdo internacional celebrado con anterioridad a la adhesión de España a la Comunidad Europea, por lo que la exención está contemplada en el Tratado.
En respuesta, la Comisión ha señalado que el párrafo segundo del artículo 307 obliga a España, en la medida en que el Acuerdo sea incompatible con el Tratado, a "recurrir a todos los medios apropiados para eliminar las incompatibilidades que se hayan observado".
Con todo lo anterior, es fácil intuir que la Iglesia Católica española no perderá sus beneficios y que el Estado, con el fin de evitar problemas con Bruselas, acabará compensado de alguna forma a la Iglesia Católica. Eso sí, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
¡Hay que ver las consecuencias que pueden tener en el futuro lo que hoy firmamos! Y, sobre todo, quién padecerá esas consecuencias ...
Vía | Expansión