El presidente de Rumanía Traian Basesescu, dada la difícil situación en la que se encuentra el país balcánico, ha decidido que a partir del próximo mes de junio las pensiones se van a reducir en un 15% y el salario de los funcionarios en un 25%. Inicialmente, se barajaban dos posibilidades, la que les comento, o subir un 5% todas las figuras tributarias.
Rumanía, una de las economías más pobres de la Unión Europea, lleva presentado desde hace dos años serios problemas en lo que respecta a la solvencia de sus cuentas públicas, hace justo un año, tuvo que aceptar un crédito de ‘urgencia’ del FMI por un montante de 20.000 millones de Euros para evitar la quiebra. Esta ayuda in extremis, sirvió para evitar el colapso, pero a partir de ahí es cuando se han de tomar medidas de orden estructural, que permitan una solución del problema a largo plazo.
La crisis fiscal es una tónica común en las finanzas internacionales en la coyuntura actual, siendo los países menos desarrollados y con una estructura económica menor los que más problemas están presentando. El caso del país rumano, es una economía con una tasa de paro que ronda el 8%, posee uno de los salarios medios más bajos de la unión a 27 miembros (en el que los funcionarios cobran en torno a 500 Euros, y las pensiones difícilmente superan los 250 euros).
Medidas como las aprobadas hoy por el presidente rumano son muy impopulares, y pueden tener un coste político nada despreciable. Pero los buenos políticos, gestores de Gobierno e incluso ciudadanos tenemos dos alternativas, una pensar en qué es lo mejor para nuestro país y afrontar la realidad tomando las medidas que sean necesarias, o bien seguir sin hacer nada, a la espera de que salgamos de la crisis por inercia, cuando otros países salgan soportando una tasa de paro del 20%.
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