Una vez más, el Gobierno de Sánchez vuelve a demostrar su ineficacia para solventar el problema de la falta de vivienda y de precios elevados en España. Lejos de intervenir el mercado con la construcción de obra nueva, pisos públicos en alquiler y controlar los precios que imponen inmobiliarias y particulares, presenta ahora el ‘bono alquiler joven’. Al final, una aportación pública que acabará en las manos privadas del propietario.
Pocos días después de la manifestación multitudinaria por la vivienda celebrada en Madrid, Moncloa mueve ficha. El Consejo de Ministros aprobó la distribución de 200 millones de euros para la tercera edición del Bono Joven, cantidad similar a la convocatoria de 2022 y que se agotó en menos de ocho horas. Ahora, se oferta una prestación de 250 euros al mes durante dos años para que los jóvenes entre 18 y 35 años puedan pagar sus rentas de alquiler.
Para poder acceder a estas ayudas, los jóvenes tendrán que contar con ingresos inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de efectos múltiples (Iprem).
Teniendo en cuenta que el Iprem anual es de 7.200 euros en 12 pagas, los solicitantes deberán cobrar menos de 21.600 euros anuales. De igual modo, deberán vivir en un piso alquilado con una renta máxima de 600 euros mensuales, ampliable a 900 euros en algunos casos, o en habitaciones de 300 euros, ampliables a 450 euros.
Una medida poco convincente
Llama la atención que, al principal socio del Gobierno, Sumar, le parece una medida insuficiente, al igual que a los Sindicatos de Alquiladoras de Madrid, uno de los principales convocantes de la manifestación del pasado domingo.
Los motivos son que se centran únicamente en una parte de los afectados, pues no es solo un problema que atañe a los jóvenes y hay muchas familias con problema de acceso a la vivienda. Otra realidad es que los propietarios acabarán captando este tipo de ayudas, subiéndole el precio de los alquileres a los inquilinos beneficiados.
Los caseros disponen de información sobre sus inquilinos que les permitiría identificar a aquellos que pueden solicitar la prestación. De este modo, podrían reclamarle ese incremento ‘en negro’ o amenazarlos con echarlos del piso.
Hay que recordar que la contención de rentas solo se aplica actualmente en Cataluña y en sus 271 municipios, declarados como zona tensionada. El Gobierno, con la Ley de Vivienda en la mano, quiere ‘obligar’ a todas las administraciones a aplicar el sistema de control de precios.
En una intervención reciente, el presidente del Gobierno aseguraba que no quería “una España de propietarios ricos e inquilinos pobres”. Sin embargo, con esta medida implantada, se da pie a que las ayudas vayan directamente al bolsillo de los dueños y grandes tenedores de las viviendas del territorio nacional.
Si bien es cierto, con al nueva Ley de Vivienda se pusieron en marcha una serie de regulaciones que suponía eliminar el IPC y establecer un nuevo índice de referencia para fijar el precio de la vivienda desde enero de 2025. Ahora se contemplarían nuevos límites.
Lo que está claro es que en 2024 el texto normativo contempla un incremento máximo del 3%, por lo que si se pagan 700 euros al mes el nuevo coste únicamente podrá ser de 721 euros como máximo. El problema reside cuando se trata de alquileres sin contrato, en los que las subidas podrán ser mucho mayores y sin tener en cuenta las limitaciones implantadas por el Gobierno.
Registro de alquileres de corta duración
Al margen de las ayudas a los jóvenes, el Gobierno quiere tener preparado, antes de finales de año, un Real Decreto que permita crear la denominada Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. Con ella, se pretende regular los alquileres de temporada, turísticos y de habitación. Servirá como vía esencial para perseguir el fraude, proteger a quienes realmente necesitan del alojamiento de temporada, de este tipo de alojamientos y poner coto a los alojamientos turísticos ilegales.
La medida contará con la intervención del Registro de la Propiedad, ya que serán los registradores los que expedirán el número de registro y lo elevarán a la Ventanilla Única Digital. Todo pasa porque los propietarios posean, a título individual, un código de identificación.
El código de identificación tendrá que ser pedido tanto para alquileres turísticos, temporales e incluso habitaciones que se ofrezcan en esos portales.
¿Y ahora qué?
Lo que no hay duda es que la gestión gubernamental en vivienda es muy lenta, ineficiente y dispara las rentas. La ‘huelga de alquileres’, pese a su ilegalidad, sigue orbitando sobre el mercado inmobiliario español.
Pero la realidad es bien contundente. En 2023 solo 57.260 jóvenes se beneficiaron de las ayudas del bono alquiler del total de 110.000 que lo solicitaron, es decir, que únicamente llegó al 0,6% de la población potencial receptora de los más de nueve millones de jóvenes de entre 18 y 35 años que hay en España.
Los inquilinos siguen asfixiándose y, pese al temor de los propietarios a una huelga o a la ocupación, la gestión del bono alquiler joven sigue siendo caótica. Un presupuesto insuficiente y unas condiciones irreales que no solventan el grave problema de la vivienda que sufre España.